La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) busca soluciones para superar la crisis que causó la Sentencia Constitucional 0046/2024, que anuló el III Congreso Universitario y el nuevo estatuto, provocando renuncias, incertidumbre y el riesgo de procesos contra las autoridades.
Aunque no se ha definido una estrategia diversos actores analizan varias posibilidades para cumplir el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ratificado por el Auto Constitucional Nº 0066/2024 ECA. (Vea la infografía).
Entre las alternativas están la convocatoria a un Consejo Universitario para debatir los alcances de la sentencia y una asamblea docente-estudiantil para conformar un comité electoral, que llame a elecciones en facultades en la que decanos, directores de carrera y consejeros extraordinarios se apartaron de sus cargos.
El vicerrector de la casa superior de estudios, Gerardo Carvajal, dijo que se acatará el fallo priorizando la continuidad académica, administrativa y financiera para no interrumpir el funcionamiento.
En ese contexto, mencionó que se envió una circular el 5 de agosto a las autoridades de 10 facultades para que cesen en sus funciones para evitar responsabilidades; sin embargo, no todos dejaron sus cargos. En este punto, el fallo aclara que los actos de las autoridades cesadas son válidos.
Carvajal descartó convocar a una asamblea por falta de condiciones y apuntó a designar a los docentes más antiguos para cubrir las acefalías, mientras se conforma un comité electoral.
Denuncia
El abogado de los estudiantes del frente URUS y exdirigente Jarlín Coca explicó que la sentencia del TCP respondió a dos recursos de nulidad por la habilitación de docentes extraordinarios en el congreso sin cumplir el requisito de titularidad que exigía el estatuto de 1990.
Puntualizó que el desacato a la sentencia conlleva responsabilidades económicas y legales, por lo que el rector Julio Medina y al secretario general Eduardo Lavayen fueron denunciados en la Fiscalía.
Las autoridades son investigadas por resistirse a cumplir el fallo y se prevé que la Controlaría General del Estado programe una auditoría para establecer el daño económico que se causó con la organización del III Congreso, indicó.
Coca es exdirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) y fue encarcelado en 2015 por impulsar una protesta contra la titularización de docentes extraordinarios sin examen de competencia y por daños a bienes del Estado.
Docentes
Los alcances de la sentencia también generaron incertidumbre entre docentes titulares y extraordinarios, situación que llevó a la Federación Universitaria Docente (FUD) a convocar a una asamblea extraordinaria en la que se reconoció la vigencia del antiguo estatuto y se dejó la solución de la crisis al Consejo Universitario. En la reunión se reavivó el debate sobre los derechos y limitaciones de los catedráticos extraordinarios y se recordó que ya no es necesario que cuenten con una maestría.
En tanto, la FUL aún no se pronunció pese a que llamó una reunión a los centros.
