Estados Unidos incautó ayer el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos criminales, y envió la aeronave al estado de Florida, según dos funcionarios estadounidenses, informó en exclusiva la cadena CNN.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Telemundo 51 y NBC6 que la aeronave llegó al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale.
El avión llegó a Fort Lauderdale procedente del Aeropuerto Internacional La Isabela, en Santo Domingo.
Según explica CNN, el avión es el equivalente venezolano al Air Force One, la nave oficial del presidente de Estados Unidos, aunque el aparato confiscado es una nave de mucho menor porte que el Boeing 747 de Joe Biden.
Al avión se lo ha visto en varias visitas de Maduro al exterior.
“Esto envía un mensaje a la cúpula” (venezolana), dijo uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. “Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.
El avión está valuado en unos 13 millones de dólares y se encontraba en República Dominicana desde hacía algunos meses.
El Gobierno venezolano no tiene una cantidad específica de aviones para viajes oficiales, ya que utiliza tanto aviones comerciales como aviones privados alquilados según sea necesario. Sin embargo, se estima que la flota aérea del gobierno incluye alrededor de 30 aviones, incluyendo aviones de transporte militar y aviones privados utilizados por altos funcionarios del Gobierno.
¿Por qué incautaron el avión?
La incautación se dio en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Gobierno de Estados Unidos sobre las prácticas corruptas del Gobierno de Venezuela.
El Gobierno de Estados Unidos mantiene una orden de captura contra Maduro sobre quien pesa una recompensa de 15 millones de dólares.
Los cargos por los que se busca a Maduro incluyen “narcoterrorismo, corrupción y tráfico de drogas”, en una causa abierta por un juzgado federal de Nueva York en 2021.
En abril de este año, Estados Unidos reimpuso sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela en respuesta a la decisión del Gobierno de Maduro de impedir que se llevara a cabo una “elección inclusiva y competitiva”.
Estados Unidos y Venezuela habían acordado el año pasado en Barbados una vía para “restaurar la democracia” en el país caribeño.
El acuerdo implicaba el compromiso de Venezuela de celebrar elecciones justas a cambio de que Estados Unidos levantara ciertas sanciones sobre el sector petrolero.
Washington había amenazado repetidamente en los últimos meses con restablecer las sanciones energéticas si Maduro no cumplía los compromisos adquiridos en Barbados con la oposición venezolana para la celebración de unas elecciones “libres y competitivas” en Venezuela y que llevaron en octubre del año pasado a un alivio parcial de las sanciones estadounidenses.
Venezuela califica como “piratería” el decomiso
Venezuela tachó ayer de “piratería” la confiscación por parte de autoridades estadounidenses de un avión utilizado por el presidente Nicolás Maduro, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que, una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República”, señaló el texto.
“Esta acción revela que ningún Estado y ningún Gobierno constitucional está a salvo de las acciones ilegales que desconocen el derecho internacional”.
Caracas, sin embargo, manifestó que se reservará el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión oficial, el cual fue tomado en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones que pesan en su contra. Venezuela “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación”.
