A través de un amplio comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a convocar y garantizar las elecciones judiciales y pidió a las autoridades a no "estigmatizar" las protestas que llevan adelante los seguidores de Evo Morales.
"La CIDH reitera su llamado al Estado, en particular a la ALP para que, en cumplimiento de su mandato, convoque y garantice las elecciones judiciales. En esta tarea, debe tomar en cuenta que los procesos de nombramientos y selección de magistraturas revisten una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad, eficacia de los órganos judiciales. Los procedimientos deben cumplir con requisitos básicos como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de todas las personas candidatas; la calificación con base en mérito y capacidades profesionales; así como participación de la sociedad civil para un efectivo control social, entre otros aspectos", señaló la CIDH.
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En el texto, la Comisión recuerda que las elecciones judiciales debían realizarse el 2023, pero la ALP no pudo cumplir con esa tarea, lo que "ha generado una preocupante afectación a la independencia del poder judicial y descontento social".
En ese sentido, la CIDH remarca que el retraso de las elecciones judiciales provocó la activación de protestas y un bloqueo de caminos en el país que "se enmarcan en un ambiente de alta polarización política".
Ante ello, la CIDH afirmó que la protesta social es un "elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y comprende el ejercicio de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación" y por eso llamó a las autoridades a "adoptar medidas para proteger a quienes ejercen su derecho a la protesta y garantizar los derechos a la vida, integridad, salud y las condiciones para el abastecimiento de toda la población".
Para la Comisión, aún cuando las medidas de presión antenten contra el bienestar y los derechos del resto de la población, el uso de la fuerza siempre debe el "último recurso" y debe priorizar el diálogo.
"Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extiende en el tiempo y escala a punto de comprometer gravemente la garantía de otros derechos como por ejemplo el derecho a la vida; aprovisionamiento de alimentos; o el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso", señala el texto.
"En ese contexto, la CIDH insta a las autoridades a abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen la protesta o a quienes participan de ella. La estigmatización oficial de la protesta dificulta el diálogo y puede exacerbar violencia contra determinados sectores de la población. Las personas con liderazgos públicos deben tomar distancia de cualquier discurso que envíe mensajes permisivos a la violencia, incluyendo los que activen, fomenten, acentúen o exacerben situaciones de discriminación, hostilidad, intolerancia o animadversión", afirma la Comisión.
La CIDH, finalmente, resaltó las acciones encaradas por el Gobierno para paliar los efectos negativos de los bloqueos evistas - como la activación de vuelos solidarios y entrega de ayuda humanitaria- y también el diálogo parlamentario que se desarrolla por convocatoria del presidente de la ALP, David Choquehuanca, para consensuar una Ley para las elecciones judiciales.
"La CIDH viene advirtiendo tensiones sociales históricas en Bolivia que han resultado en polarización política y actos de violencia, especialmente, en momentos de conflictividad social. En ese contexto, es deber del Estado, por medio de toda su institucionalidad democrática, generar un proceso de diálogo amplio, constructivo, y diverso, con el fin de prevenir actos de discriminación y generar espacios de consenso, crucial en la construcción de un sentido de destino común en la diversidad", concluye el comunicado del ente internacional.
Desde hace 12 días, seguidores de Evo Morales realizan un bloqueo de caminos en demanda de que se realicen las elecciones judiciales y la renuncia de los magistrados prorrogados.
La medida ya ha dejado cuatro fallecidos, además de decenas de policías heridos. Además, las pérdidas económicas por los bloqueos ascienden a más de 600 millones de dólares.
