Gabriela Zapata, expareja del expresidente Evo Morales, declaró ante los jueces que su entrega por el caso del supuesto hijo que tuvo con el exmandatario fue pactada con personeros del Gobierno de Morales con el objetivo de "justificar la derrota del 21F".
Zapata declaró ayer em el juicio oral que se instaló tras ocho años de trámite legal por el caso del supuesto hijo de Morales. La audiencia omenzó a las 09:30 en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz. Los delitos imputados están relacionados con la trata de personas y asociación delictuosa. Además, hay otras 10 personas encausadas. Zapata fue la última en declarar y respondió a las preguntas de la presidenta de este Tribunal. Reveló así que actualmente estudia para piloto privado en un centro de adiestramiento de Cochabamba, según informó el diario El Deber.
"El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Wálter) Zuleta a quien había conocido por personeros del Gobierno y me indica que si estaba en mi domicilio, porque ya estaba la vagoneta del Ministerio de Gobierno esperando. Voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la Felcc y me indican: 'vamos a esperar a la prensa'. Me sacan a los medios indicando que tenía que estar tranquila, que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero (21F) con esa detención", dijo la exnovia de Evo, en medio de sollozos, ante los jueces del tribunal, según la publicación del diario cruceño.
Zuleta fue el abogado que la patrocinó ante una denuncia del supuesto hijo con Evo Morales.
En el juicio también declaró el abogado William Sánchez Peña, quien en un momento defendió legalmente a Zapata. El jurista se encontraba prófugo y solicitó refugio a Perú.
El abogado dijo que siete ministerios se encargaron de buscar al hijo de Morales y de gestionar todo el caso.
De acuerdo con la declaración del abogado Sánchez Peña, él viajó al Perú el 17 de mayo de 2016 y solicitó asilo porque en Bolivia se había iniciado la persecución contra todos los que estuvieron involucrados en el caso del supuesto hijo de Evo Morales. "Vi que Héctor Arce (quien fue ministro de Justicia) y Álvaro García Linera (entonces vicepresidente) dijeron que iban a denunciarnos ante el Ministerio Público, el 17 de mayo (2016), me acuerdo muy bien, un periodista me llama y me dice: 'Existe mandamiento de aprehensión en contra de usted'. Por supuesto, yo agarro inmediatamente y me pongo a buen recaudo. Sí señora magistrada, porque no quería pasar lo que hoy muchos de los acusados han pasado, porque el abogado que habla en ningún momento cometió ningún delito", dijo Sánchez.
Dijo que Perú le dio asilo porque no encontraron elementos que lo vinculen con delitos.
"Por eso, en Perú se me otorgó el refugio, porque consideraron que yo era un perseguido político, además tomando en cuenta de que (en la audiencia de otorgación de asilo) por parte de los denunciantes estaba el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Transparencia (a través de Lenny Valdivia) y el Ministerio de Defensa; es decir, estaban como siete ministerios y por supuesto allá decían: ¿por qué están estos ministerios? Justamente esa fue la acreditación de la persecución política", relató el abogado, siempre según El Deber.
Los ministerios de Justicia, Defensa, Presidencia, Transparencia, Educación, Salud y la Cancillería trabajaron en todos los frentes del caso Zapata. El Ministerio de Educación revisó las listas de alumnos de todos los colegios del país para verificar dónde estudiaba el supuesto hijo de Morales. El de Salud revisó todos los certificados de nacido vivo de los hospitales y clínicas para verificar este dato. Justicia inició el juicio contra las 11 personas y designó al viceministerio de Transparencia para que sea la representante. La Cancillería hizo campaña contra los acusados para evitar los asilos. El Ministerio de la Presidencia, a cargo de Juan Ramón Quintana, fue el coordinador de la operación.