El presidente estadounidense, Joe Biden, opinó en una entrevista publicada este martes por la revista Time que considera que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está prolongando la guerra en Gaza por motivos políticos y para mantenerse en el poder al frente de una compleja coalición de gobierno.
"Existen todas las razones para que la gente saque esa conclusión", indicó Biden a la pregunta de si cree que Netanyahu está prolongando el conflicto por razones de cálculo político personal.
No obstante, declinó confirmar si Netanyahu es el gran obstáculo a un alto el fuego en la Franja de Gaza y un plan más amplio de estabilidad para la región que incluye a Arabia Saudita, según indican algunas fuentes dentro de la Administración estadounidense.
Posteriormente, preguntado este martes por la prensa en la Casa Blanca si Netanyahu está utilizando la guerra con fines políticos, Biden hizo una pausa y respondió: "No lo creo. Está tratando de resolver un problema serio que tiene".
Netanyahu ha recibido presiones del ala ultraconservadora de la coalición de gobierno israelí para que no acepte un alto el fuego diseñado con la ayuda de Estados Unidos.
La supervivencia política de Netanyahu depende de que la continuidad de una compleja coalición de siete partidos conservadores, que han mostrado sus diferencias sobre cómo abordar la respuesta a Hamás en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 35.000 civiles y cerca de 300 soldados israelíes. .
Biden dijo en la entrevista que "no está claro" que las fuerzas israelíes hayan cometido crímenes de guerra en Gaza con su modo de actuar y que organizaciones como Human Rights Watch consideran actos de castigo colectivo.
El pasado 20 de mayo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamás.
Pocos días después, el PCI pidió la suspensión inmediata de las operaciones militares en Rafah, al sur de Gaza. Estados Unidos se opone a una operación a gran escala en la zona por miedo a aumentar la crisis humanitaria.
Washington ha mantenido una retórica crítica al asedio a ese último refugio en el enclave sin tomar medidas de presión contra su aliado israelí.
Dentro de tres días y si el INE cumple con sus previsiones y compromisos, Bolivia conocerá los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, ejecutado el pasado 23 de marzo y cuyos datos marcarán el rumbo de (al menos) la próxima década en el país. Sí, estamos contando los días para conocer las cifras, unos más que otros.
Hace pocos días, la COB, que representa a menos del 10% de los trabajadores del país, ha entregado al Gobierno un pliego petitorio con 152 demandas que incluyen medidas en los ámbitos político, jurídico y económico, la mayoría fuera de su responsabilidad y competencia.
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Para Arce Catacora y su tendencia, Evo Morales representa a la nueva derecha. Por su parte, para los evistas, los arcistas son neoliberales, o sea, la derecha. García Linera, el exvicepresidente, quien se esfuerza por mantener cierta equidistancia entre ambas corrientes, ha devenido a los ojos de los evistas algo así como un “compañero de ruta” del imperio y del Gobierno, en la tentativa de defenestrar a su máximo líder.
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Espero con bastante impaciencia el censo, no porque imagine alguna sorpresa en los datos finales. Al contrario, asumo que confirmaremos algunos cambios radicales que el país ha vivido en el último medio siglo. Pienso en la transformación de Bolivia en un país mayoritariamente urbano, la rápida caída de la tasa de natalidad o la alfabetización de la cuasi totalidad de la población (que habla esencialmente español, como era de esperarse).
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En medio de un escenario político y económico convulso, Bolivia se enfrenta a desafíos significativos que amenazan la estabilidad democrática y el bienestar de sus ciudadanos. La falta de transparencia gubernamental ha emergido como una preocupación central, erosionando la confianza pública en las instituciones y obstaculizando el acceso a información vital para la toma de decisiones informadas.
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