Cuando las Elecciones Judiciales estaban en marcha y hasta ya se ejecuta un presupuesto millonario, vocales constitucionales en Beni y Pando han emitido este martes dos fallos que ponen en riesgo la continuidad del proceso electoral. En ese marco, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, dijo que se trata de un "golpe a la democracia".
En Pando, la Sala Constitucional determin贸 declarar desierta la convocatoria para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de un amparo presentado por una candidata que hab铆a sido excluida del proceso de preselecci贸n.
En el caso de Beni, la Sala Constitucional Primera declar贸 desiertas las convocatorias para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En ese caso, el accionante era un postulante que reclam贸 haber sido excluido cuando ten铆a nota de aprobaci贸n.
En ambos casos, los vocales determinaron declara inaplicable el art铆culo 37 de la Ley Transitoria de Elecciones Judiciales, donde se establecen las reglas de calificaci贸n para la fase de preselecci贸n.
En el caso de Pando, la accionante denunci贸 que se hab铆a preseleccionado a una postulante que no cumple con el requisito de residencia.
En Beni, la Sala Constitucional observ贸 que no hab铆a cumplido con los principios de meritocracia al considerar incluso postulantes que tuvieron nota reprobatoria.
El TSE alarmado
De parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el vicepresidente Francisco Vargas denunci贸 que se trata de un "golpe a la democracia que no lo hemos visto en los 煤ltimos a帽os".
Denunci贸 que el TSE no estaba enterado del caso en Pando y que en Beni se extralimit贸 la Sala Constitucional.
"No quisi茅ramos entender que este es un golpe judicial a la ejecuci贸n de los procesos electorales- Esperamos que quienes van a revisar estos fallos puedan actuar precautelando ese derecho que tienen las bolivianas y los bolivianos", afirm贸 Vargas.
Anunci贸 que el TSE reci茅n tomar谩 posici贸n institucional, pero una de las posibilidades es solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Constitucional.
