El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, posesionó este sábado al nuevo Alto Mando Militar en medio del conflicto con el evismo que mantiene desconectado al país desde hace 13 días con el corte de vías estratégicos, el uso de explosivos y dijo que el cambio se da en observancia del orden constitucional.
El mandatario declaró: “El cambio del Alto Mando Militar se dan en observancia del orden constitucional que se ha defendido y garantizado en absoluto respeto a la institucionalidad de las FFAA. En esa línea de acción en cumplimiento siempre de la Constitución Política del Estado, la Organización de las Fuerzas Armadas y de toda la normativa vigente es que se da el cambio del Alto Mando Militar, al cual encomiendo consolidar la confianza entre las FFAA y el pueblo boliviano”.
Siguió: “En la coyuntura actual, la sociedad nos demanda de manera imperativa al Gobierno, las FFAA y a otras instituciones públicas a cumplir tareas y acciones inmediatas con la finalidad de preservar los más altos intereses vitales del país como la seguridad del Estado y el restablecimiento del orden público”.
“El derecho a la vida de los bolivianos es un derecho constitucional y universal que obliga al Estado y sus instituciones a obedecer y garantizar como uno de los derechos fundamentales y como Gobierno hemos realizado uno de los mayores esfuerzos para proteger y seguiremos haciéndolo para proteger y seguiremos haciendo de manera prioritaria del derecho humano y del respeto a la vida”, explicó.
Continuó: “El derecho a la protesta pacífica está garantizado; sin embargo, cuando este derecho a la protesta y sus acciones como los más de 13 días de bloqueo en nuestro vulnera los derechos colectivos de terceras personas como la libertad de locomoción y de circulación en todo el territorio nacional, esta situación genera una grave conflictividad del país afectando a una gran mayoría de los habitantes de Bolivia”.
Lamentó: “Lo más alarmante es que en estos bloqueos se han verificado gente portando armamento bélico que pone en grave riesgo la vida y la seguridad de las personas, lo que obliga al Gobierno y a las instituciones a garantizar la seguridad del estado y el orden público, el respeto y vigencia del estado de derecho, la democracia y paz social, cuidar u proteger la economía nacional es nuestro mandato fundamental asegurando que las vías de comunicación terrestre estén expeditas para evitar medidas que estrangulen el aparato productivo internacional”.
