El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha emitido una enérgica denuncia ante la comunidad internacional, advirtiendo que la desestabilización del “evismo” continúa. En este contexto, la reciente huelga promovida por el expresidente Evo Morales se considera un intento por “reducir” el impacto negativo de sus acciones en la imagen pública. La Cancillería sostiene que esta movilización busca acortar el mandato del actual presidente, Luis Arce.
En un comunicado oficial, el Gobierno expresó su preocupación por la escalada de acciones desestabilizadoras que amenazan el sistema democrático del país, entre ellas la huelga de Evo Morales. “A pesar de los esfuerzos del presidente Arce por convocar al diálogo, la situación se agrava”, se señala en el pronunciamiento, que subraya la determinación del gobierno de enfrentar estos desafíos.
Uno de los puntos destacados por la Cancillería es el anuncio de un supuesto “cuarto intermedio” en las protestas, considerado una maniobra para mitigar el daño que la movilización ha causado a la imagen de Morales, quien lidera las protestas desde hace más de 20 días. “El anuncio de un cuarto intermedio en el bloqueo de rutas, que no se llevará a cabo, y su sustitución por una huelga de hambre son solo estratagemas para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta”, argumenta el comunicado.
La situación se tornó especialmente crítica el viernes, cuando simpatizantes de Morales tomaron tres unidades militares en el trópico de Cochabamba, reteniendo a más de 200 efectivos y apropiándose de armamento y municiones. Este incidente no solo captó la atención nacional, sino que también generó preocupación internacional sobre la estabilidad en Bolivia.
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el incremento de la violencia en Bolivia, tras recibir reportes sobre la toma de un regimiento militar en Villa Tunari y la retención ilegal de miembros de las Fuerzas Armadas por parte de civiles.
En un mensaje publicado en la red social X, la CIDH instó al Gobierno boliviano a “tomar medidas para garantizar la seguridad de las personas retenidas y atender los focos de conflicto, priorizando el diálogo”.
“Es fundamental que las autoridades y líderes políticos contribuyan con sus declaraciones a un ambiente propicio para la deliberación pública abierta y plural”, concluyó el organismo en su pronunciamiento.