Hace prácticamente 100 años, el 19 de enero de 1925, durante el gobierno de Bautista Saavedra, se promulgó la Ley de Imprenta. Desde entonces, con la excepción de los períodos durante los que nuestro país fue sometido a las dictaduras militares, sus 71 artículos han sido la principal salvaguardia de la libertad de expresión e información.
Hoy, domingo 28 de mayo, se cumplen cinco meses del secuestro y encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ciento cincuenta días de una burda y sistemática violación de todos sus derechos fundamentales y constitucionales, como bien acaba de recordar una vez más el exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, al insistir en una afirmación irrebatible: en Bolivia no existe Estado de derecho, menos independencia de poderes.
Hoy, domingo 28 de mayo, se cumplen cinco meses del secuestro y encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Ciento cincuenta días de una burda y sistemática violación de todos sus derechos fundamentales y constitucionales, como bien acaba de recordar una vez más el exfiscal general del Estado, Pedro Gareca, al insistir en una afirmación irrebatible: en Bolivia no existe Estado de derecho, menos independencia de poderes.
AGUSTÍN ECHALAR ASCARRUNZ
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido no sólo que no prescriben las violaciones a los derechos humanos, sino también que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, y la prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos (Caso Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 14 de marzo de 2001, párrs. 41-48).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido no sólo que no prescriben las violaciones a los derechos humanos, sino también que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, y la prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos (Caso Barrios Altos vs. Perú, sentencia de 14 de marzo de 2001, párrs. 41-48).
FRANCESCO ZARATTI
En medio de un injustificado secretismo, el Gobierno ha avalado un convenio entre el consorcio chino CBC y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Ese secretismo puede ser atribuido a una falta de transparencia en los negocios del Estado o, peor aún, a una carencia de comprensión cabal de la tecnología de extracción directa del litio (EDL).
En medio de un injustificado secretismo, el Gobierno ha avalado un convenio entre el consorcio chino CBC y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Ese secretismo puede ser atribuido a una falta de transparencia en los negocios del Estado o, peor aún, a una carencia de comprensión cabal de la tecnología de extracción directa del litio (EDL).
según la teoría política y más allá de las diferencias entre las definiciones propuestas por los autores, el Estado —ese hijo de la modernidad— es aquella institución creada por un pacto social, como encargado de tomar las decisiones de interés público y hacerlas cumplir ejerciendo el poder con carácter exclusivo, dentro de los límites que ese mismo pacto determina.
según la teoría política y más allá de las diferencias entre las definiciones propuestas por los autores, el Estado —ese hijo de la modernidad— es aquella institución creada por un pacto social, como encargado de tomar las decisiones de interés público y hacerlas cumplir ejerciendo el poder con carácter exclusivo, dentro de los límites que ese mismo pacto determina.