El Gobierno nacional anunció la participación activa de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) en la reglamentación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, enfocada en combatir la especulación alimentaria. Este acuerdo fue el resultado de una reunión en Santa Cruz entre el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y representantes del sector agropecuario.
El ministro Montenegro enfatizó que el objetivo de la normativa es frenar la especulación en los precios de los alimentos, protegiendo tanto a los consumidores como a los productores legítimos. “La medida no busca estigmatizar a los productores ni a los intermediarios que actúan dentro de la ley, sino atacar a quienes lucran de manera desleal con necesidades básicas”, aseguró.
La disposición séptima establece mecanismos de control, fiscalización y decomiso de productos retenidos para manipular precios. También impone la obligación de que productores y comercializadores informen sobre sus operaciones, manteniendo la confidencialidad de los datos.
“Hemos aclarado a la CAO que esto no es algo dirigido contra los productores o contra los intermediarios, esto más bien es un esquema para viabilizar que el alimento y la producción de productos alimenticios esenciales llegue a la población”, remarcó.
La participación de la CAO fue destacada como esencial para garantizar que la reglamentación sea técnica y realista. “Éste es un esfuerzo conjunto. La CAO aportará su conocimiento para que las medidas sean prácticas y equitativas, beneficiando a todos los actores de la cadena alimentaria y, especialmente, a los consumidores”, señaló Montenegro.
La apertura del Gobierno hacia el diálogo con la CAO responde a inquietudes previas del sector agropecuario, que temía una regulación excesiva. Con este acercamiento, el Ejecutivo busca un balance entre garantizar el abastecimiento y evitar afectaciones innecesarias a la producción.
Mientras el PGE 2025 ingresa a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el debate sobre estas medidas promete ser uno de los temas más relevantes del próximo año, considerando su impacto directo en la seguridad alimentaria y en la economía boliviana.
