El Gobierno español de izquierdas y los conservadores de la oposición se acusaron mutuamente este miércoles de ser responsables de la prevención y gestión de los efectos catastróficos de las lluvias torrenciales de hace un mes, que causaron al menos 230 muertos, casi todos en la provincia mediterránea de Valencia.
En un debate parlamentario agrio, el jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, defendió el trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del río Júcar (CHJ), y aseguró que avisaron a tiempo de un riesgo máximo de concentración de precipitaciones abundantes y de la crecida de cauces.
Finalmente, una gran riada anegó decenas de localidades y causó pérdidas materiales multimillonarias de bienes públicos y privados, además de 222 víctimas mortales en Valencia y ocho en otras provincias.
"Si algunos quieren buscar culpables, que los busquen, pero no señalando a los servidores públicos que cumplieron con su deber", añadió Sánchez.
"Los datos se elaboraron, los avisos se emitieron, la información llegó a todas las instituciones; cosa distinta es qué hicieron esas administraciones con esa información", señaló Sánchez en el Congreso.
El jefe del Ejecutivo consideró claro que el mando único en una emergencia como esta corresponde a la administración regional, la valenciana en este caso, y al Gobierno le compete facilitar toda la información meteorología y los caudales hídricos, y transferir los medios que requieran las autoridades locales.
Por el contrario, el presidente valenciano, el conservador Mazón, consideró hoy "sorprendente", en declaraciones a la prensa, que el Gobierno "no admita ningún error o fallo" y se eche la culpa "a los demás".
Mazón ha sido muy cuestionado en sectores políticos y sociales por lo que consideran falta de previsión y gran tardanza de la primera ayuda para los damnificados.
Más de 8.00 militares siguen trabajando en la zona, además de miles de agentes de seguridad y otros efectivos enviados por el Ejecutivo.
