La Comisión Mixta de Constitución no pudo iniciar la verificación de requisitos habilitantes de los postulantes a los cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debido a que estaría en riesgo el proceso por la falta de mujeres y representación indígena originaria campesina en algunos departamentos, por lo que se planteó la posibilidad de ampliar plazo de recepción de documentos por 15 días. La Comisión analizará hoy esa posibilidad.
De acuerdo con los datos proporcionados por Secretaría Técnica de la Comisión, los departamentos de Cochabamba, Beni y Pando sólo tienen registradas a dos mujeres para el Tribunal Constitucional y la autoidentificación es más crítica en Tarija, que no tiene; en tanto, Santa Cruz y Beni sólo tienen a un representante.
En lo que hace al Supremo de Justicia, en el tema de las mujeres varía un poco, pero en lo que hace a autoidentificación, Beni y Pando no tienen postulantes.
En ese orden, la senadora Andrea Barrientos (CC) expresó su preocupación porque, pese a haberse cumplido con la cantidad requerida de inscritos, avanzado el proceso se podría declarar desierto por la situación de paridad.
“No podemos evitar hacer notar nuestra preocupación por la poca cantidad de mujeres. Puede derivar en que, al avanzar el proceso, tengamos una seria dificultad para continuar y podríamos declarar desierto (...) planteamos que se debería aprobar un proyecto de ley de excepción que amplíe la convocatoria solamente para la recepción de documentos por 15 días para que podamos tener mayor cantidad de mujeres inscritas y no corramos el riesgo de que se declare desierta la convocatoria”, afirmó la senadora Andrea Barrientos (CC) en el pleno.
Esta posición fue apoyada por el diputado Juan José Jáuregui (MAS), además de hacer notar que el tema de representación indígena también estaría en riesgo, toda vez que hay departamentos que no presentan postulantes y esto se tiene que cumplir conforme exigen las normas.
Blindado
Sin embargo, la senadora Silvia Salame, adscrita a la Comisión, refirió que, para superar estos problemas, se estableció en la norma 1549 que, de ocurrir esta situación, mujeres o indígenas de otros departamentos pueden llenar los cupos de los que requieran.
El parágrafo II del artículo 37 de la Ley 1549 señala que “excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda, del número total de postulantes a nivel nacional”.
Ante esta situación y para definir acciones, la presidencia de la Comisión Mixta de Constitución determinó cuarto intermedio hasta las 14:00 de este martes.
La ley establece convocatoria desierta
El artículo 38 de la Ley 1549 refiere que “en el caso de que el número de postulantes en relación a cada Tribunal y Consejo de la Magistratura sea insuficiente para llevar adelante una elección competitiva o para cumplir con las exigencias constitucionales de género y plurinacionalidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional declarará desierta la convocatoria, previo informe fundamentado de la Comisión Mixta correspondiente en las etapas del proceso”.
Observan que participan autoridades prorrogadas
Tras conocerse la cantidad y los nombres de los postulantes, los cuestionamientos no se dejaron esperar, toda vez que algunos están en los cargos de magistrados ilegalmente; otros, identificados con el evismo o de estar involucrados en la negociación de puestos de trabajo.
El presidente prorrogado del Consejo de la Magistratura, Marvin Arsenio Molina Casanova, presentó su postulación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El consejero fue involucrado, mediante un audio, en la negociación de nombramientos en el sistema judicial e incluso adelantar jugadas para “estas elecciones judiciales y copar los cargos en las altas esferas del sistema de justicia.
Otros prorrogados también son observados como Olvis Egüez, Juan Carlos Berrios, Ricardo Torres y Edwin Aguayo.
En ese contexto, en el Legislativo, la oposición y los evistas buscan la aprobación de las normas 073 y 075 denominadas antiprórrogas.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, prevé enfrentamiento entre el TCP y el Legislativo.
