A menos de tres semanas de la fecha prevista para la designación del nuevo fiscal general de Bolivia, 23 de octubre, políticos de oposición señalaron al menos cuatro indicios para que su designación sea vía decreto, aunque el proceso continúa en la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
Sin embargo, para el analista Israel Quino, de momento no existe riesgo alguno porque el proceso continúa avanzando. Pero, en caso de que la ALP no logre los dos tercios, se declarará desierta la convocatoria y “sí o sí se designa suplencia legal según la regla de suplencia del artículo 25 de la ley del Ministerio Público aprobando una resolución de la ALP”.
El diputado de la alianza Creemos Erwin Bazán mencionó que la primera amenaza latente es la “manipulación de la justicia constitucional bajo la misma estrategia de las elecciones judiciales, es decir, resoluciones y medidas cautelares que frenen la selección de la autoridad”.
Bazán mencionó como segundo indicio la posibilidad de la “compra de votos de la oposición para evitar los dos tercios necesarios en el Legislativo para la selección y designación de la autoridad por vía que corresponde”.
El tercer obstáculo mencionado por Bazán fue la división de la oposición más la fractura interna del MAS, que impide los dos tercios de votación. Señaló que los acuerdos políticos son difíciles en la coyuntura actual.
Finalmente, mencionó que la designación por decreto de una autoridad afín al presidente Luis Arce “sería una garantía de impunidad para su Gobierno”.
Por su parte, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, coincidió con el riesgo de la manipulación del Ejecutivo en el sistema judicial para entorpecer el proceso.
Mencionó además que la renuncia del exministro Iván Lima hace “sospechar” que podría ser designado por decreto como fiscal general. “Esto sería un error porque generaría un gran descontento”, sostuvo.
El analista Quino aclaró que existe un orden de prelación para la designación de un fiscal general interino de acuerdo con la antigüedad en su ejercicio profesional; el fiscal departamental o superior con más años en ese cargo a la fecha de cesación de funciones del fiscal general; el fiscal departamental o fiscal superior con más años en cualquier división; o el que tenga más años de antigüedad de ejercicio como abogado.
Evaluación de los postulantes
La Comisión Mixta de Justicia Plural finalizó la evaluación de méritos de los 42 postulantes que aspiran al principal cargo de la Fiscalía General del Estado y abrió el periodo de impugnaciones.
De momento, 42 postulantes están habilitados para la etapa del examen oral.
Esta primera parte de la evaluación se hizo sobre 120 puntos, ponderando el ejercicio y la experiencia profesional, la formación académica y la producción intelectual. En la segunda etapa, se harán el examen oral y la presentación del plan de trabajo por 80 puntos.