Dos salas constitucionales declararon ayer desiertas las convocatorias a los altos cargos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en las Elecciones Judiciales previstas para el 1 de diciembre; en tanto, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informaron que asumirán una decisión hoy en sala plena y emitirán un pronunciamiento formal.
Una sala constitucional de Beni resolvió dejar sin efecto los procesos de convocatoria para el TSE y el TCP y otra de Pando sólo para el TSE; en tanto que el proceso estaría expedito para la elección de autoridades del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.
Las Elecciones Judiciales se encuentran en la antesala de la difusión de méritos que debe arrancar mañana y a la fecha se gastó el 40 por ciento del presupuesto destinado para este proceso electoral.
El presidente interino del TSE, Francisco Vargas, señaló que la sala de Beni se extralimitó al dejar sin efecto las convocatorias. Calificó el hecho de un “golpe a la democracia” que no vio en los últimos años. “Nunca vi un proceso electoral con tantas trabas y sin seguridad jurídica”, lamentó.
Adelantó que se realizarán las acciones legales correspondientes porque no están de acuerdo con la resolución; junto con sus asesores jurídicos, evaluarán las medidas a tomar.
Demandó que los que vean los fallos deben actuar en respeto a la decisión de la población de ir a las urnas este 1 de diciembre. “Los que revisen las resoluciones deben respetar los principios y el mandato de la gente de elegir a sus autoridades judiciales”, sostuvo.
Mencionó la importancia de llevar adelante las justas judiciales “para que no tengamos autoridades más allá del mandato constitucional”, dijo.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, precisó que ayer se encararon tres acciones de amparo, pero en uno de los casos hubo el desistimiento de una de las partes.
El vocal alertó que, de truncarse las elecciones judiciales, el Tesoro General del Estado registraría un daño económico de más de 55 millones de bolivianos, porque es ese monto ejecutado de los 183 millones presupuestados para organizar las judiciales.
Ven sabotaje del MAS
Sobre el tema, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y abogado constitucionalista Carlos Alarcón señaló que se trata de un nuevo sabotaje del Gobierno para frenar las elecciones judiciales y “mantener a los autoprorrogados en sus cargos”.
Mencionó que se vulneran los derechos al voto, al ejercicio democrático y el principio de preclusión.
La jurista Kathia Saucedo señaló que las acciones de garantías pueden realizarse en un plazo de seis meses, por lo que considera que no están fuera de plazo
Los exaspirantes reclaman derechos
El fallo de la Sala Constitucional de Pando se produjo tras el recurso presentado por María Esther Caero, candidata al TSJ por ese departamento. Argumentó que las listas de postulantes no cumplieron con los requisitos establecidos, lo que llevó a la anulación de la convocatoria en todo el país.
Otro fallo en Beni fue presentado por Hugo Vargas, exaspirante al TSJ por ese departamento, afirmó haber obtenido un alto puntaje en su postulación.
Defensor advierte sobre el riesgo democrático
El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, alertó ayer sobre la crisis que enfrenta el país tras la suspensión del proceso de elecciones judiciales, una medida que pone en peligro el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales.
Callisaya expresó su preocupación por lo que calificó como un “riesgo de paralización del proceso electoral judicial”. La autoridad defensorial destacó que este estancamiento profundiza la “fragilidad institucional democrática” del país y advirtió sobre las consecuencias de la prolongación indefinida de los actuales mandatos judiciales.
“El derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades no debe ser limitado”, enfatizó Callisaya. Además, señaló que la falta de renovación de las autoridades judiciales podría conducir a “salidas no democráticas” si no se actúa con responsabilidad y celeridad.
Pidió que envíen un “mensaje claro y correcto” a la población, para evitar una crisis de confianza en las instituciones democráticas del país.
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