En Bolivia, las tensiones entre el progreso y la politiquería han llegado a un punto crítico. Mientras un sector del país se esfuerza por impulsar medidas que mitiguen el malestar económico, otro, impulsado por intereses político-partidarios, parece decidido a obstaculizar cualquier avance. Esta dualidad no sólo frena la gestión económica del Estado, sino que también amenaza la estabilidad y el bienestar de las familias bolivianas. La reciente negativa de la Cámara de Diputados a aprobar un crédito crucial para el desarrollo de infraestructura vital, es sólo el último ejemplo de cómo la ambición y el oportunismo pueden poner en riesgo el futuro de todo un país.
En Bolivia, se viven dos realidades muy distintas. Por un lado, existe un sector que se esfuerza por generar respuestas al malestar económico que afecta al país. Por otro lado, un grupo de políticos ha decidido dar la espalda a la nación, guiados por sus intereses político-partidarios que no sólo dañan la gestión económica del Estado boliviano, sino que también ponen en riesgo la vida de las familias.
Es alarmante que muchos de estos diputados provengan de regiones donde las necesidades eran evidentes y requerían la implementación de proyectos que ayudarán a mejorar la calidad de vida. Sin embargo, una vez que se sentaron en los curules de la Asamblea Plurinacional, se olvidaron de sus orígenes y regiones, y se dejaron llevar por la ambición de poder, beneficiando únicamente sus intereses partidarios.
Recientemente, los bolivianos recibieron dos noticias significativas. La primera es que el diálogo entre el aparato productivo y el Estado sigue avanzando, lo que ha resultado en la luz verde para dos decretos clave.
El Gobierno Nacional de Bolivia ha decidido eliminar temporalmente el gravamen arancelario para insumos y principios activos utilizados en la producción de medicamentos, vitaminas y antibióticos. Esta medida, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, tiene como objetivo mitigar el impacto del aumento de costos en los mercados internacionales y facilitar el acceso a medicamentos para la población.
Asimismo, se ha anunciado la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Bolivia (VUCE), una plataforma destinada a simplificar y modernizar las operaciones de comercio exterior, reduciendo tanto los tiempos como los costos operativos.
Estos avances, sumados a los 17 puntos acordados entre el gobierno y el sector privado, entre los que se incluyen la libre importación de carburantes —especialmente diésel para grandes consumidores—, la reducción de la tramitología para estas importaciones, la implementación de la biotecnología y el marco jurídico sobre tierras, representan pasos importantes para la economía y la producción del país.
Sin embargo, estos esfuerzos por atender el malestar económico causado en gran parte por la politiquería barata, que parece no interesarse por el progreso del país, deben ser reconocidos como logros que, paso a paso, están dando respuestas efectivas a las necesidades de Bolivia.
La segunda noticia que nos golpea es la mezquina actuación de los asambleístas de la nueva oposición liberal, liderada por el ala evista y su megacoalición con Creemos y Conciencia Ciudadana. Una vez más, estos bloques políticos han optado por bloquear créditos y, con ello, postergar el progreso del país.
En la madrugada, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley que proponía un crédito de más de $118 millones para obras vitales en los municipios de Chapare, La Paz y Monteagudo. Este financiamiento, parte del “Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial”, había sido suscrito entre Bolivia y el Banco Mundial, y tenía como objetivo mejorar la infraestructura vial y fortalecer la resiliencia climática en estas regiones.
De los 103 diputados presentes, 54 votaron en contra y sólo 49 a favor, impidiendo así que el proyecto avanzara a la fase de aprobación en detalle. El rechazo, celebrado por legisladores afines a Evo Morales y la oposición, evidencia una preocupante tendencia a priorizar intereses políticos partidarios sobre el bienestar del país.
El Ministro de Planificación había informado sobre los alcances y beneficios de estos proyectos, que ahora quedan postergados, afectando directamente la implementación de infraestructura clave. Esta actitud, que algunos podrían calificar como terrorismo económico, no sólo frena el progreso nacional, sino que también genera inestabilidad que, al final del día, será cargada por el pueblo, especialmente por las clases más vulnerables.
Es lamentable que ciertos individuos, en lugar de velar por el desarrollo del país, prefieran anteponer sus pretensiones político-partidarias, ignorando las necesidades reales de la población boliviana.
