Las condiciones de vida, y muerte, que existen en los penales de Bolivia son más dramáticas y penosas de lo que se conocía por las denuncias de instituciones de la sociedad civil y los informes de la instancia estatal encargada de las cárceles.
Esa realidad está registrada en el primer informe de Defensoría del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), y contradice, especialmente en lo referente al servicio médico, las aseveraciones de los funcionarios de la Dirección General de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno.
La salud es el derecho más vulnerado en los penales del país, “el 80% de las muertes que suceden en nuestras cárceles son ocasionadas por algún tipo de enfermedad que podía haber sido tratada”, señala el coordinador del MNP.
Según los informes oficiales de 2020 y 2021, en el Penal de San Pedro, en La Paz, en promedio, cada cuatro días murió un privado de libertad.
Y a escala nacional cada día 16 personas fueron encarceladas entre marzo y diciembre del año pasado.
“En la gestión 2022, se registró una sobrepoblación carcelaria de alrededor de 188%, pues a diciembre de esa gestión la capacidad en las cárceles del país estaba calculada para 8.626 privados de libertad, pero se evidenció la existencia de 24.824 personas”, refiere el informe del MNP.
Éste es el primer documento de ese tipo emanado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Bolivia, un organismo instaurado por el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que desde septiembre de 2021 depende de la Defensoría del Pueblo. Hasta esa fecha, el MNP era parte del Ministerio de Gobierno.
La transferencia de esa instancia —impuesta por una convención internacional ratificada por Bolivia en 2005— a la Defensoría responde a una de las recomendaciones del informe final que el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes emitió como resultado de su visita a Bolivia entre noviembre y diciembre de 2020.
El informe del MNP contiene los resultados de 273 visitas realizadas a centros penitenciarios, centros de reintegración social, celdas policiales, centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes, hospitales psiquiátricos y centros de formación militar.
En todos ellos, el MNP ha constatado condiciones que vulneran el goce pleno de los derechos humanos y ha emitido 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad o quienes se encuentran bajo custodia del Estado.
