Hace unos días y tras conocerse la ilegal decisión judicial que impuso dos años de cárcel al expresidente del Comité Pro Santa Cruz por supuestos ultrajes a la wiphala, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, descontenta por la sentencia, dijo públicamente al sentenciado: “Usted, además, no es indígena, es nuestro inquilino y como inquilino, tiene que saber respetar al Estado boliviano y tiene que saber respetar a sus autoridades”. “Nosotros somos dueños absolutos de Bolivia y Calvo es inquilino que fue recibido en Santa Cruz junto a otras personas”.
Llamó la atención que tales expresiones no fueran cuestionadas por el Viceministerio de Descolonización o la Defensoría del Pueblo, considerando su fuerte contenido discriminatorio que no sólo alcanza al exdirigente cívico, sino a quienes no nos identificamos como parte de una nación indígena y que —según el criterio de la autoridad nacional— seríamos “inquilinos” en nuestra propia patria.
También resultó paradójica la declaración de la ministra, quien habló con mucha firmeza a nombre de los 36 pueblos indígenas, omitiendo señalar que en los últimos 14 años, y ante la desidia del Estado, 18 de estos pueblos han entrado en un peligroso proceso de extinción (la mayoría en el oriente boliviano); que 30 lenguas nativas están a punto de desaparecer; que los indígenas representan el 75% de los pobres multidimensionales del país; y que se encuentran entre las poblaciones más indefensas y vulnerables. Y toda esta dramática situación está sucediendo en la gestión de la Sra. Orellana, de quien no hemos conocido ninguna acción efectiva para revertirla o mitigarla.
Pero más allá de esta desafortunada declaración, que muestra una vez más cómo los políticos no dudan en usar a los pueblos indígenas como justificativo para descalificar a sus rivales, es importante analizar el trasfondo de un discurso excluyente y confrontacional que se está instalando en el país y que se ha generado a partir de una errónea interpretación de la plurinacionalidad, así como de la peligrosa aplicación de la estrategia de dividir para reinar.
Quizá el origen de esta distorsión se encuentre en la propia Constitución, cuyo artículo 3 señala que “El pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y a las comunidades interculturales y afrobolivianas”.
Este artículo hace un distingo irracional entre la totalidad de las bolivianas y bolivianos y otras categorías que, por sentido común, no pueden excluirse del conjunto señalado al principio. Incluso la fusión artificial de poblaciones diferentes como son los indígenas, los originarios, los campesinos y los afrobolivianos, y la categorización —en el mismo nivel de importancia— de los interculturales (colonizadores), muestra una definición política, poco reflexiva y hasta irresponsable de los constituyentes, cuya consecuencia es una mayor segmentación entre bolivianos y el riesgo latente de que se produzcan contradicciones y enfrentamientos generados por reivindicaciones étnicas, sociológicas y culturales artificiales, que busquen en la otredad no al vecino ni al hermano sino al enemigo.
Esta definición constitucional, ambigua y contradictoria, es el resultado de una visión que pretende reemplazar la idea de la unidad desde el mestizaje (que enfatiza lo que nos une), por la convivencia desde la diversidad, (que fortalece lo que nos diferencia). La visión de lo “plurimulti” no ha solucionado los problemas de desigualdad y discriminación, sino que, al contrario, los ha acrecentado porque fortalece el conflicto y el enfrentamiento antes que el diálogo y el entendimiento.
Basta analizar el lenguaje de las redes sociales para evidenciar cuánto daño está generando en la psicología social la reivindicación de las contradicciones; y revisar el contenido de los materiales educativos oficiales para preocuparse por los valores que se están introyectando a las futuras generaciones con la omisión del bolivianismo y su reemplazo por la identificación preferencial de las diferencias étnicas, clasistas o ideológicas.
Pese a que la gran mayoría de los bolivianos mantenemos los principios de unidad y solidaridad que trascienden al discurso de odio de la ministra Orellana, y que consideramos a todos los connacionales tan dueños de esta tierra bendita como nosotros, la narrativa de la diferencia está arriesgando la convivencia armónica y la hermandad que necesitamos para avanzar hacia una sociedad justa, próspera y equitativa.
Respecto de la señora Orellana, respetamos su condición de dirigenta de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa” y su militancia partidaria, pero con sus declaraciones discriminatorias queda claro que no tiene la legitimidad para ser ministra de Estado.
