Cuán mal estará nuestro sistema de administración de justicia que cuando dos tribunales (uno de El Alto y otro de Sacaba) emitieron sendas resoluciones declarándose —acertadamente— incompetentes para juzgar a la expresidenta Janine Áñez en la vía ordinaria, casi todos han sospechado de algo malo, incluso muchos sin molestarse siquiera en leer y peor entender ambas resoluciones.
Si lo hubieran hecho lejos de los apasionamientos partidarios o de sin mala leche y con algún sentido jurídico constitucional, probablemente hubieran tenido que reconocer —más allá de lo bien o mal que pueda caernos la expresidenta y su gestión que no fue de las mejores— que ambos fallos están muy bien fundamentados en derecho procesal y constitucional, jurisprudencia y doctrina, incluso alguno hace control de convencionalidad y otro recurre a la jurisprudencia histórica (García Meza, etc.), además, por supuesto, de los hechos relevantes sobre el caso concreto. Cumplen entonces las exigencias legales, nos guste o no lo que resolvieron.
Y es que, aunque ni la Constitución Política del Estado (CPE) ni dos leyes de desarrollo de esa temática han sido —para varios entre los que me incluyo— suficientemente claros para determinar si los expresidentes merecen el denominado “juicio de responsabilidades”, lo que genera ciertamente una duda acerca de la norma aplicable, resulta harto elemental que la propia Constitución mediante su artículo 116. I franquea la fórmula que resuelve ese problema: “Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”, ordena, con la fuerza que le otorga su artículo 410, por la que todos (personas, instituciones y órganos) estamos sometidas a ella.
De ahí que asombre aún más que el Ministerio Público, que es el principal garante de la legalidad en el país, le haya metido no más aplicando la “doctrina Morales” presentando y hasta porfiando con llevar sus procesos ante un juez que manifiestamente no era el natural para la expresidenta. Que ella haya presidenta de facto o no es algo que también debería dilucidarse en juicio, pero precisamente ante jueces independientes, predeterminados por la ley y por tanto competentes: sus jueces naturales.
Esa porfía es tan pero tan absurda que, si realmente la Fiscalía es la abogada de las víctimas de Sacaba y Senkata, les está haciendo un flaco favor generando de esa manera la nulidad del proceso. Nulidad que, de no declararse internamente, es probable que lo sea ante instancias internacionales. Se están, entonces, baleando sus pies.
Pero dejando de lado lo estrictamente jurídico constitucional y convencional, hasta por sentido común —el menos común de los sentidos— acaece que la solución para que la expresidenta sea juzgada en juicio de responsabilidades, como hasta el tirano de García Meza lo fue (con distinta legislación), es la más adecuada en términos de razonabilidad. Que se esclarezca lo que realmente sucedió y si ello tiene relevancia criminal, es lo que todos queremos, empezando, por supuesto, por las víctimas, sus acusadores y hasta por la propia expresidenta.
Si eso es así, es obvio que también a todos nos interesa que el procedimiento que se realice para esos fines cumpla con el debido proceso que entre otras garantías comprende al juez natural, pues esa es la única manera de que lo que se resuelva —inocencia o culpabilidad, además del qué, donde, cómo, cuando, para qué y por qué— tenga legitimidad, y luego no sea revertido ante tribunales internacionales (por ejemplo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el mismo Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos) que ya han puesto su lupa sobre los procesos..
Entonces, si eso es lo que realmente se desea, es decir que se haga justicia esclareciendo los hechos, excluyendo los intereses de quienes buscan sólo show, venganza u otras cosas peores, hasta por sentido común nos conviene a todos que la exmandataria sea juzgada mediante el debido proceso que, entre otras garantías, incluye el juez natural, y no a través de una suerte de ordalía medieval en la que la condena esté predeterminada y el procedimiento es sólo un burdo trámite para cumplir las órdenes de algún autócrata o de varios.
¿O será que se aplica no más aquello del viejo Carrara? que deliciosamente dijo: “Cuando la política entra por la puerta de los tribunales, la justicia sale disparada por la ventana”.
