El Estado Plurinacional de Bolivia se mueve todos los santos días como una compleja máquina que tiene engranajes de todo tipo: algunos son esenciales, como la educación, haciendo esfuerzos sobrehumanos para que todo funcione con una eficiencia cercana a la perfección; mientras que otros parecen estar ahí solo para hacer ruido. Desde hace algunas semanas, estoy cuestionando la manera cómo el presidente Arce maneja las finanzas públicas cuando se trata de pagar los salarios de esa gigantesca burocracia. De pronto el Presidente debe hacer algunos pases mágicos para reunir el dinero necesario para lograr pagar a tiempo a semejante cantidad de gente insensible que vive del aparato estatal.
Con este artículo, termino de declararme antiburócrata ortodoxo. Es que no voy a parar de satanizar la palabra “burocracia”. No sólo huele mal, sino que suena a papeleo sin fin, trámites eternos y un montón de escritorios que tienen pegados a esos empleados públicos, ocupándose de tareas que, a veces, parecen más un laberinto sin salida que un camino hacia las soluciones. Desde hace 20 años, los incultos y menesterosos han tomado por asalto el aparato y se han montado sin posibilidad alguna de revertir el alto costo que representa para Bolivia mantener esta estructura tan grande. Cada mes, una porción considerable de los fondos públicos, es decir unos Bs 1.500 millones que todos aportamos a través de impuestos, se destina a cubrir los sueldos de cerca medio millón de empleados.
¿Por qué es tan difícil hacer cambios y optimizar el gasto? La respuesta conduce a un entramado de compromisos políticos que a menudo condicionan las decisiones del gobierno de Arce y las acciones hormonales del líder de la oposición real: Evo Morales. Por muy extraño que parezca, Bolivia ha creado puestos de trabajo para funcionarios públicos que son militantes del único partido organizado verticalmente que es el MAS. Hasta en la Alcaldía de Cochabamba, que se presume opositora a la ideología que abraza el gobierno central, se han instalado puestos para los masistas de toda laya, incluidos los azules antievistas y azules antiarcistas. Esos puestos nunca fueron creados para mejorar el funcionamiento de la cosa pública, sino como una manera de cumplir promesas a cambio de “facturas políticas”, asegurando lealtades y apoyos, en lugar de basarse en lo que realmente necesita el país para avanzar.
El pobre presidente Arce está enfrentado a un dilema mayúsculo. Por un lado, está ante la necesidad de reducir el gasto público en salarios para poder invertir más en áreas vitales como educación, salud e infraestructura; y por el otro, tiene la dificultad de hacerlo sin desatar conflictos políticos al interior del partido oficialista. En este escenario, por mucho que el gobierno intente llevar a cabo reformas para hacer más eficiente el aparato estatal, se ve limitado por los compromisos previos para pagar el sueldo a todos aquellos que lo ayudaron a llegar al poder o por lo menos a aquellos que aún lo sostienen, que no son pocos.
En días pasados, el gobierno de Milei, anticomunista y libertario él, cubrió efectivamente una deuda de 200 millones de dólares por la venta de gas que tenían desde el gobierno los kirchneristas, tan socialistas y corruptos ellos. No hace falta ser adivino para deducir que ese dinero en su integridad fue destinado para pagar sueldos. ¿Cómo podemos romper este ciclo? Como ciudadanos, debemos construir la respuesta entendiendo y cuestionando cómo se utiliza el dinero público. Ni Luis Arce y menos el precandidato Evo Morales tienen un plan para salir de este laberinto burocrático que provoca semejante gasto excesivo.
Lastimosamente, nadie en las próximas décadas, menos los aspirantes a candidatos para cualquier cargo electivo podrán hacer frente a este desafío que requiere de un esfuerzo colectivo y de la voluntad política de poner gente en la calle y que trabaje con el sudor de su frente. No se olviden mis lectores que hasta el candidato más cándido prometerá un Estado más ágil, eficiente y, sobre todo, al servicio de las personas. Mentiras, los burócratas se reproducen exponencialmente y por tanto el camino hacia la reforma que reduzca el aparato estatal no será fácil.
