Si todo el despliegue que ha iniciado el gobierno del presidente Luis Arce Catacora para iniciar el proceso de adhesión al Mercosur resulta ser una mera pantomima, sería francamente deplorable.
En diciembre de 2023, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una clara muestra de apoyo político a su colega de Bolivia y parcero de los mandatarios del socialismo del siglo XXI, logró destrabar en el Senado de su país el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur. Este documento había permanecido estancado durante las administraciones de Jair Bolsonaro, Michel Temer, Dilma Rousseff y el propio Lula.
A partir de su aprobación, la desmantelada Cancillería boliviana se convirtió en un escenario de actividad frenética, con funcionarios preocupados recorriendo pasillos y archivos en busca de identificar los pasos necesarios para incorporar al país en el proceso de integración más grande de esta parte del continente, con casi 300 millones de habitantes y una balanza comercial favorable de 73 mil millones de dólares, según el último dato anual. Esta cifra es resultado de exportaciones que totalizaron 379 mil millones de dólares e importaciones por 305 mil millones, según cifras oficiales del año 2023.
El pasado 14 de junio, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ratificación del Protocolo de Adhesión al Mercosur, y es probable que el Senado la considere la próxima semana. Según un informe interno, no es necesario realizar un referéndum para su aprobación nacional. El argumento utilizado por los diputados para gambetear la figura del referéndum, que podría retrasar el trámite de manera indefinida dadas las condiciones del país, es que, el Mercosur, es un organismo intergubernamental y no un organismo internacional o supranacional al que debe cederse competencias.
Tres temas de preocupación asaltan a quienes defienden el libre comercio, un concepto que el MAS rechazó durante el gobierno de Evo Morales al no adherirse al acuerdo multipartes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con la Unión Europea (UE). En casi dos décadas, el MAS tampoco hizo ningún esfuerzo por negociar un acuerdo bilateral con la UE. Ahora, en un giro sorprendente, pone su mirada en el Mercosur, cuyo mayor desafío inmediato es consolidar un acuerdo comercial con la UE.
El primer tema de preocupación es la enorme debilidad institucional de la Cancillería, una institución devastada por el actual gobierno, que ha despedido a más del 90% de los funcionarios de carrera, reemplazándolos por militantes del partido. Y este es el ministerio encargado de liderar las negociaciones.
La presentación referida a las ventajas del Mercosur en la Cámara de Diputados, a cargo de la ministra Celinda Sosa Lunda, fue más motivo de inquietud que aclaraciones. No tanto por su falta de comprensión de la temática o la deficiente lectura del texto preparado (véase el final del video en https://diputados.gob.bo/sesiones-en-vivo/?playlist=a2bb5a6&video=31f2b41), sino por lo superficial de los argumentos utilizados para persuadir a su audiencia, acerca de las supuestas ventajas de ingresar al Mercosur. El mayor atractivo que destacó Sosa Lunda fue que, el ingreso al mecanismo permitiría a los bolivianos circular por el territorio de los nuevos socios con el reconocimiento de sus títulos profesionales. En su comparecencia, la canciller no mencionó en ningún momento un análisis sobre las potencialidades del mercado o, por ejemplo, los productos que se beneficiarían con la adhesión.
Cuando se pensaba que el mayor “Atila” de la Cancillería fue el ministro Rogelio Mayta, aparece Sosa Lunda, cuyo único mérito es ser una buena dirigente de la Confederación “Bartolina Sisa”, pero que carece de experiencia en relaciones internacionales. Juega en su favor, ahora, un envidiable álbum de fotos con presidentes y cancilleres de varios países.
El segundo tema de preocupación es cómo y con qué equipo se afrontará el enorme desafío que se vislumbra una vez que se deposite el instrumento de ratificación de la adhesión, en Asunción, Paraguay, donde se encuentra la secretaría del mecanismo. Bolivia tendrá 180 días para elaborar el cronograma de incorporación de la normativa del Mercosur, que ya es extensa después de 33 años de vigencia del bloque. Luego, se tendrán 4 años para internalizar las decisiones (leyes del bloque), que son obligatorias y que, probablemente, en varios casos contravendrán la normativa nacional. Todo esto, sin contar el trabajo para considerar aspectos más complejos como la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el Arancel Externo Común (AEC) y el Régimen de Origen.
Finalmente, el tercer aspecto ineludible que se cierne sobre todo este despliegue para ingresar al Mercosur es la anunciada visita de una comisión de Brasil, encabezada por el senador Sergio Moro, quien ha expresado su preocupación por los presos políticos en Bolivia, en particular el caso de la expresidenta Jeanine Áñez.
En términos democráticos, el Mercosur es implacable y no tolera el incumplimiento de los mandatos democráticos, tal como establece el Protocolo de Ushuaia que Bolivia también firmó cuando era Estado Asociado del grupo. Venezuela está suspendida por este incumplimiento, y Paraguay también lo estuvo hasta que resolvió democráticamente la salida del expresidente Fernando Lugo.
Al gobierno de Arce, en su último año de gestión antes de las próximas elecciones en agosto de 2025, no le afectará el resultado de este proceso de adhesión. Y si Bolivia no incumple las exigencias que conlleva la integración a este grupo, el próximo gobierno deberá afrontar la reestructuración institucional del país y, entre sus primeras tareas, dedicarse seriamente a la importancia que reviste ser parte del Mercosur.
Por estas razones, no es descabellado preguntarse si realmente este ajetreo para incorporar al país al Mercosur es un esfuerzo genuino, una quimera sabida o simplemente un recurso político para la gestión de Arce Catacora ante la proximidad de las elecciones.
