Propios y extraños coinciden en que el presidente Luis Arce tiene entre sus carencias evidentes la falta de liderazgo político y de tenacidad institucional para enfrentar los grandes problemas y desafíos emergentes de su condición como jefe de Estado. Pero, la propuesta lanzada este 6 de agosto de convocar a un referéndum sobre temas que son de su competencia y responsabilidad dejó a muchos con la sensación de que la pusilanimidad presidencial alcanzó un nivel superior.
Cerca a cumplir cuatro años en el poder, intentar transferir a los bolivianos habilitados para votar la responsabilidad de decidir sobre las subvenciones a los combustibles, la distribución de escaños en la Cámara de Diputados en función de los resultados del censo de marzo de este año, y el bloqueo a Evo Morales y su afán de ser nuevamente candidato presidencial, demuestran la falta de valor para enfrentar las tareas urgentes de la administración gubernamental.
Si Arce y su equipo de conducción creen que el grueso de los bolivianos recibió el anuncio de un referéndum popular sobre temas que deberían ser encarados por ellos mismos como una señal de astucia política, deberían encargar inmediatamente la elaboración de encuestas fiables para darse cuenta de que pueden haber cometido el último y definitivo tropiezo de cara a buscar la reelección en 2025, año del Bicentenario de la fundación de la patria.
La propuesta de un referéndum sin consistencia no hará otra cosa que perturbar más las crisis económica, política e institucional, sobre todo en el escenario de la pugna abierta que libran el arcismo y el evismo desde 2021. Además, profundizará la desconexión de los actuales gobernantes con la gente que espera soluciones a la desaparición de los dólares y la imparable devaluación del boliviano en el mercado paralelo, los problemas cada vez mayores en la provisión de combustibles y el encarecimiento del costo de vida.
Lo penoso de este panorama y de los días aciagos que se vienen para los bolivianos, tras la propuesta de un referéndum, es que hubo un momento para que el Gobierno aplique un golpe de timón, pero faltó voluntad y determinación para tomar al toro por las astas. Entre 2023 y lo que va de este año, grupos de asesores políticos extranjeros llegaron frecuentemente al país para trabajar junto con el equipo de conducción del Gobierno —que no pasa de siete personas, la mayoría ministros— en la elaboración de diagnósticos, proyección de escenarios y discusión de salidas a las crisis económica, política e institucional.
El trabajo conjunto tuvo como base la realización de encuestas encargadas a más de dos empresas especializadas, la contrastación de los resultados estadísticos y prolongadas reuniones para precisar el contexto nacional e internacional, y conocer la perspectiva de Arce y sus colaboradores sobre los ejes de la administración y el cumplimiento del objetivo mayor de reproducir el poder.
Por supuesto que se analizó a cada uno de los actores —dentro y fuera del Gobierno— para determinar sus potencialidades y debilidades en esta larga coyuntura. La idea era saber si el gobierno nacional cuenta con los protagonistas necesarios y solventes para ejecutar una estrategia que resuelva los temas centrales y a la vez prepare el terreno para un nuevo quinquenio, eso sí anulando políticamente al caudillo del MAS.
Parálisis del Gobierno, aislamiento del primer mandatario, mala imagen del segundo, rivalidades en la cúpula del aparato estatal, exceso de dogmas, carencia de pragmatismo político… Esas son las debilidades detectadas por los asesores extranjeros. Entre las fortalezas está el control de las organizaciones sociales y obreras a punta de prebendas; de los otros órganos de poder con prórrogas de mandatos y vigencia de los suplentes, y de los altos mandos de las instituciones uniformadas.
Se propuso incluso efectuar un relanzamiento de la gestión de gobierno en 2023 con la aplicación de tres tipos de transiciones, pero todo quedó en planes y el día a día terminó imponiéndose a la necesidad de aplicar un verdadero cambio de rumbo. Ahora que se planteó la realización de un referéndum sobre la subvención de combustibles, distribución de escaños y reelección presidencial, sabiendo que la convocatoria debe pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa, donde el arcismo es minoría, puede dejar al presidente con una imagen de mayor pusilanimidad. ¿Habrán consultado a los asesores extranjeros ese riesgo?
