Reabrir la línea de negociación y acuerdos con la República de Chile, tras casi seis años de inacción después del fallo de La Haya, debería ser una noticia alentadora. Los temas binacionales pendientes son numerosos, y su atención es importante. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y su desmantelada Cancillería dejaron inexplicablemente estos asuntos en la congeladora.
Aunque formalmente no existen relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, el pasado lunes 26 de agosto se llevó a cabo en Santiago de Chile una reunión al más alto nivel diplomático. El resultado fue la conformación de un grupo de trabajo binacional.
Como durante el gobierno de Luis Arce ya hubo dos intentos fallidos de poner en marcha una agenda con Chile, los funcionarios de la Cancillería boliviana se afanaron en recopilar todos los temas binacionales para armar la carpeta de trabajo. Incluyeron todo lo que pudieron.
Chile tiene un claro interés en abordar los temas migratorios y consulares, y es seguro que estos serán los primeros en ser tratados en el grupo de trabajo, según se deduce del comunicado chileno, ya que Bolivia no emitió uno propio. La pregunta es, ¿qué le interesa a Bolivia?
Es comprensible el entusiasmo por plantear una diversidad de temas en la reunión, pero la estrategia sugiere abocarse, en principio, a lo principal y uno de los asuntos urgentes para Bolivia, especialmente en estos tiempos de escasez de diésel y gasolina, es el proyecto conocido como “reversa” del oleoducto Sica Sica-Arica, una propuesta que data de 2023 y que no avanzó.
Estos ductos estaban destinados originalmente a exportar hidrocarburos hacia Chile. Sin embargo, dado que Bolivia ya no es un gran exportador debido a la fallida gestión del MAS, ahora se busca utilizar estos ductos para importar diésel y gasolina.
El cambio en el uso de esta infraestructura requiere modificar el marco regulatorio del oleoducto, acordado en 1957. Hasta hace poco, esos ductos transportaban crudo reconstituido desde Cochabamba hasta el puerto chileno. Bolivia necesita un esfuerzo serio en la negociación de un nuevo acuerdo, especialmente considerando que la concesión marítima del oleoducto se renovó en 2022 por otros 20 años. Si se alcanza este objetivo, YPFB podría importar carburantes desde Arica a un costo inferior al que paga actualmente en Paraguay, Argentina y Brasil.
Por su parte, Chile pretende frenar la migración desde Bolivia, particularmente la oleada de ciudadanos venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro y utilizan a Bolivia como país de tránsito para llegar a Chile. Actualmente, hay unas 700 mil personas en territorio chileno. Además, a Santiago le preocupa el ingreso de individuos vinculados al crimen organizado con pasaportes bolivianos.
La inesperada llamada telefónica del presidente Luis Arce a su homólogo chileno Gabriel Boric, realizada hace unas semanas, para pedir su apoyo en la crisis de combustibles en Bolivia, parece estar jugado cierta influencia en las negociaciones abiertas.
Por supuesto que en la nueva agenda no está el tema marítimo y el párrafo 176 del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana, que exhorta a los dos países a continuar negociando. El presidente Arce lo reivindicó con firmeza en marzo de este año, claro que con un retraso de más de un lustro. Por lo que parece, solo fue un discurso para el show político por el Día del Mar.
Tampoco está de forma específica la implementación del fallo de la CIJ por las aguas del Silala. Solo figura de manera general el necesario tratamiento bilateral de los recursos hídricos compartidos.
Por ahora, la Cancillería boliviana carece de un cuerpo diplomático capaz de atender temas complejos, por lo que es probable que para la discusión de estos asuntos se aguarde al próximo gobierno. A la actual desorientada administración le queda un año de gestión. Sería de mayor utilidad que el próximo año los funcionarios se concentren en sus informes finales.
