La indignación general que causó la presentación de los resultados preliminares del Censo 2024 es el resultado de la desconfianza ciudadana en el gobierno, el rechazo a la manipulación y al uso político de la información pública, y la confirmación de la ineficiencia de las instituciones encargadas de la actualización, procesamiento y publicación de los datos que maneja el Estado Plurinacional.

Más allá de las cifras inconsistentes y poco creíbles expuestas histriónicamente por el director del INE el pasado 29 de agosto, llama la atención los argumentos que utilizó para intentar justificar una diferencia tan grotesca (9%) entre sus propias proyecciones anteriores y los datos publicados ese día.

Arandia responsabilizó primero a los fallecimientos en la pandemia de 2020, que, según su propio cálculo, habrían alcanzado a 147.000, aunque las cifras oficiales señalan que fueron 22.000, una diferencia de 668%. El funcionario fuerza una conclusión basada en la pregunta sobre el conocimiento de algún deceso cercano a los consultados y no en datos comprobados.

También se refiere a la tasa de fecundidad que en 2012 era de 3,08 hijos en promedio y habría descendido a 2.1 en 2023, según el propio INE. Intencionalmente omite mencionar a los factores que incidieron en un aumento de la población como el índice de esperanza de vida que, según sus propios datos, subió de 66 a 72 años en el mismo periodo; al saldo entre nacidos y fallecidos en los últimos 12 años; y la disminución de la mortalidad materna e infantil que el propio gobierno sostiene.

Señala también que los matrimonios a mayor edad y los divorcios (sic) son causales de la ralentización del crecimiento poblacional. La afirmación cae por su propio peso ya que establecer una relación causal entre la maternidad y el matrimonio resulta absurda e inconsistente. Finalmente, aduce a una supuesta migración masiva que, sin embargo, no está registrada en ninguna fuente y que pudo haberse notado en la disminución de la cantidad anual de estudiantes, el padrón electoral o la oferta laboral.

En Bolivia, el problema de la manipulación de cifras no empieza con este Censo ni se limita a los datos poblacionales. De hecho, en el mismo proceso llevado adelante en 2012, el Gobierno publicó tres cifras diferentes sobre la cantidad de habitantes. Primero afirmó que éramos 10.389.903, luego bajó a 10.027.254 y finalmente cambió a 10.059.856. El departamento más perjudicado fue Santa Cruz, al que se le disminuyó arbitrariamente de 2.776.244 habitantes a 2.657.762, lo que afectó no sólo el número de parlamentarios que le correspondía, sino la asignación por coparticipación tributaria.

Al margen del Censo, hay muchas pruebas del uso político y engañoso de las cifras oficiales como el índice de inflación que, de acuerdo al INE, es de apenas 3%, el índice de desempleo que según el Gobierno es de sólo el 4%, la atención en salud que llegaría al 100%, todas ellas, desmentidas por la realidad.

Pero también se ocultan datos esenciales como las Reservas Internacionales Netas, difundidas sólo cuando al Banco Central le conviene, el déficit fiscal 2023 que el gobierno se niega a publicar, la cantidad de reservas de gas, escondidas desde meses atrás, el estado financiero de las empresas públicas, los acuerdos secretos con Rusia, China o Irán, entre muchos otros.

La decisión de alterar las cifras del Censo 2024 podría tener muchas finalidades. Inicialmente trata de mantener sin cambios la distribución de escaños y de recursos, pero, sobre todo, busca ocultar el fracaso del modelo económico que en 18 años no ha disminuido la pobreza ni mejorado los índices de bienestar, lo que podría revelarse con los datos recogidos en este evento. Si se demuestra que el INE manipuló las cifras generales de población, no habrá duda de que ajustó también otros datos igualmente cruciales del registro censal.

Debemos entender que la información que se obtiene de un censo es esencial para la planificación y distribución de recursos, formulación de políticas públicas, configuración de la representación parlamentaria, investigación y análisis económicos y sociales, determinación de índices de desarrollo humano y conocimiento del mercado.

Por eso mismo, no podemos prescindir de esta investigación ni permitir que los datos que registra sean manipulados o falseados por decisiones políticas. Aceptar como válidos los resultados sin un proceso de fiscalización y análisis sobre su consistencia y veracidad nos va a condenar a seguir planificando sobre bases endebles e irreales.

Ante la gravedad del problema y la imposibilidad de que el INE se investigue a sí mismo, es urgente una intervención a esta institución y una fiscalización técnica profunda al proceso censal, que esté dirigida por un equipo multidisciplinario integrado por entidades de la sociedad y organismos internacionales, evitando la injerencia política y realizando los ajustes y las rectificaciones que fueran necesarios.