En Cochabamba existen 345 mujeres privadas de libertad. De este número, el 99 por ciento son madres, pero para ellas maternar desde la cárcel es muy difícil o casi imposible porque la mayoría son mamás solteras, sus familiares las olvidan y en la mayoría de los casos sus parejas las abandonan. A esto se suma que deben lidiar con el hacinamiento penitenciario, la retardación de justicia, la falta de atención de las autoridades y los problemas emocionales, que derivan de su compleja situación.
De las 345 privadas de libertad, 195 no tienen sentencia. Además, la cárcel está habitada por 35 niños menores de entre 0 a 5 años, muchos de ellos nacieron ahí, en cambio los mayores de seis años ya no tienen permitido permanecer con sus progenitoras y son enviados con familiares o a hogares, lo que desata una serie de problemas emocionales en las progenitoras y sus hijos. A eso se suma que existen seis mujeres embarazadas.
A pesar de la difícil situación, las mujeres luchan todos los días para salir adelante y trabajar para cubrir las necesidades de sus hijos.
La directora de la cárcel San Sebastián mujeres, Mónica Zambrana, señala que la vida de las madres privadas de libertad es muy dura, pues la separación de sus hijos al ingresar al penal o cuando cumplen seis años las golpea a nivel emocional, por lo que sufren depresión y ansiedad.
A esa situación se suma el abandono de sus familias y del progenitor de sus hijos, que se olvida de su responsabilidad paterna porque no pasa asistencia familiar .
“Hay mujeres que no tienen asistencia y son separadas de sus hijos, que en la mayoría de los casos son enviados a hogares. Es muy duro, ellas se deprimen, ya no pueden continuar trabajando. Nosotros permitimos el ingreso de sus hijos como visita esporádica para que el vínculo emocional no se rompa”, dice la directora.
Zambrana señala que más del 50 por ciento de las mujeres privadas de libertad están ahí por el delito de narcotráfico, ilícito al que recurrieron para hacer dinero rápido, pues la mayoría son madres solteras con muchos hijos, en otros casos recurrieron a esto después de que sus esposos cayeron presos por ese mismo delito.
Pero cubrir las necesidades de sus hijos y generar recursos económicos dentro de la cárcel es una labor casi imposible porque, por más que trabajan, lavando ropa, costurando, tejiendo, vendiendo dulces o abarrotes en el recinto, sus ganancias no superan los 300 bolivianos al mes, según cuentan las reclusas a Los Tiempos.
San Sebastián es la única cárcel de mujeres que hay en Cochabamba y su capacidad real es sólo para 100 personas, pero alberga a 345 mujeres. A eso se suma que cada semana llegan al penal entre siete y 10 mujeres, incluso algunas llegan de penales de otros departamentos.
El hacinamiento en San Sebastián se disparó con el traslado de mujeres de las cárceles San Pablo de Quillacollo y San Pedro de Sacaba en 2023.
San Sebastián mujeres funciona desde 1979, tiene una extensión aproximada de 400 metros cuadrados. La infraestructura de 45 años es de adobe y madera, fue remodelada paulatinamente según las necesidades de las privadas de libertad, pero no reúne las medidas de seguridad necesarias.
“Por tratarse de una instalación antigua con conexión eléctrica deteriorada, hay un factor de riesgo para la seguridad interna y externa de este establecimiento”, alerta Zambrana.
La llegada de tantas internas ha causado que los espacios destinados a otras actividades sean improvisados como dormitorios, con colchones en el piso que se levantan en el día. Ante la falta de espacio, las mujeres comen, tejen y realizan varias actividades en gradas y pasillos.
“Ya no hay lugar donde acomodarlas, hemos improvisado espacios con colchones en el suelo. Hay mucho conflicto para dormir, duermen unas sobre otras, a veces hasta llegan a los golpes (por problemas de falta de espacio). Hemos ocupado ambientes de costura para que puedan pernoctar”, señala la directora del penal.
La funcionaria señala que estas condiciones no son adecuadas para los niños, pero aun así muchas madres prefieren tener a sus hijos con ellas, antes de dejarlos con familiares o en hogares. “La Defensoría de la Niñez y la Defensoría del Pueblo deberían hacer seguimiento a estos niños que están en la cárcel, el ingresar a un niño y meterlo a vivir en esas condiciones es para pensarlo. El Servicio Legal Integral del Municipio también debería brindar apoyo legal a las madres que no reciben asistencia familiar”.
El impacto de ingresar a la cárcel y las condiciones de hacinamiento afecta a las mujeres, por lo que la gran mayoría de ellas sufre depresión, ansiedad, estrés y otros problemas, que también afectan a su salud física.
El penal sólo tiene un médico general, hay falta de medicamentos y la atención psicológica de Régimen Penitenciario se limita a una visita por semana para las 345 reclusas.
La directora del penal señala que el hacinamiento, falta de infraestructura y limitada atención psicológica no permiten una adecuada rehabilitación de las mujeres, por lo que considera que es necesaria la creación de una cárcel modelo para brindar condiciones adecuadas a las privadas de libertad. Además, señala que se requiere una ley de indulto y manillas electrónicas para descongestionar las cárceles, esto permitiría a muchas mujeres estar cerca de sus hijos.
En Bolivia existen 98 establecimientos carcelarios, con una población aproximada de 25 mil presos. De esa cifra, más de 16 mil reclusos están con detención preventiva, lo que provoca hacinamiento carcelario en todo el país. Siete de cada diez reclusos no tienen sentencia.
En los últimos dos años, la cantidad de privados de libertad se incrementó en 40 por ciento, informó el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien califica esa situación como una “emergencia penitenciaria”.
Carmen
A sus 29 años, Carmen se embarazó y dio a luz dentro de la cárcel, su hijo tiene ahora 3 años. Ella inició sus primeros años de reclusión en la cárcel de San Pedro de Sacaba y en septiembre de 2023 fue trasladada a San Sebastián.
Carmen cuenta que jamás se imaginó cumplir su sueño de ser madre en la cárcel, pero a pesar de lo duro que fue serlo entre rejas y sin su familia, confiesa que sus compañeras le dieron apoyo y contención.
“La primera ecografía y control médico lo pude hacer recién a los cinco meses porque es muy complicado solicitar la salida, eso debe ser con custodio. Pero para salir a dar a luz no fue nada complicado porque hay la instrucción de que nos dejen salir sin ninguna demora”, cuenta.
Carmen es una de las pocas mujeres que cuenta con el apoyo de su familia y el padre de su hijo, que los saca cada mañana del recinto y lo devuelve a las 16:00 para que el niño pase la tarde y la noche con su madre.
“Mi hijo no está cómodo acá, le incomoda estar en un espacio tan reducido, no puede jugar libremente”, dice.
Cuenta que todavía le faltan nueve años para culminar su condena, por lo que, para cuando su hijo cumpla 6 años, ella todavía estará en la cárcel, y ya tiene definido que cuando eso pase, su hijo viva con su padre.
Lenny
Lenny, de 45 años, es madre de tres, dos de ellos son menores de edad. Ellos pudieron vivir en el recinto hasta antes de los seis años, luego fueron a vivir con su padre y su madrastra.
“Mi hijo (de 13 años) me reclama, está resentido. Yo no sé cómo están allá, si comen, si los tratan bien, es muy difícil para mí vivir tranquila sin ellos. La separación fue muy difícil, el tenerlos y después tener que dejarlos ir es muy doloroso”, asegura Lennny entre lágrimas.
Con la entrega de sus hijos a su padre, su visita al recinto penitenciario fue cada vez menos frecuente, lo que preocupa a Lenny y espera que la fecha del final de su condena llegue lo antes posible para recuperar el tiempo perdido con sus hijos.
Para pasar sus días en la cárcel, ella trata de mantenerse lo más ocupada posible. Lenny ya fue capacitada con cursos de peluquería, corte y confección, gastronomía, tejido y otros. Además, ayuda a las reclusas en el gabinete médico cuando el profesional no se encuentra.
También tiene un negocio de venta de golosinas en el recinto penitenciario y trata de generar recursos haciendo otras manualidades, pero a pesar de todos sus esfuerzos, sólo gana 100 bolivianos al mes.
Esta situación la desanima y ocurre con todas las privadas de libertad porque no pueden generar recursos económicos para ellas y sus hijos.
“Hay mucho talento y mano de obra calificada, se realizan tejidos, masitas, preparan alimentos, bisutería, pero no se vende, hemos tenido ferias y otros eventos, pero no tenemos apoyo”, dice.
Señala que 18 niños menores de 5 años salen de la cárcel a las 8:00 al hogar Tía Shirley, donde estudian y reciben desayuno y almuerzo. A las 16:00 ellos retornan al recinto. Ése era el caso de sus hijos hasta que cumplieron los seis años.
“Hay muchas necesidades en el recinto: no tenemos medicamentos básicos, no tenemos médicos especialistas, salir con permiso para una atención médica externa es muy difícil”, dice.
Katy
Katy, de 51 años, llegó hace ocho meses a San Sebastián y es la segunda vez que ingresa al recinto por delitos relacionados con el narcotráfico. Ella cuenta que decidió dedicarse a ese ilícito porque era madre soltera y tenía dos hijos que mantener.
“Yo no tenía apoyo de mi familia. Fui madre soltera y tenía muchas necesidades. Vi en el narcotráfico una forma de ganar dinero rápido para mantener y hacer estudiar a mis hijos. Ahora ellos son mayores de edad. Los extraño, espero que estén bien”, afirma.
Explica que, al caer presa nuevamente por delitos de narcotráfico, no se beneficiará del descongestionamiento penitenciario, puesto que ya se benefició años antes y le tocará vivir su tercera edad entre rejas. Sin embargo, considera que una nueva ley de indulto es muy necesaria para que las mujeres con delitos menores y con hijos puedan salir y así se descongestionen las cárceles.
“Ésa es la esperanza de muchas madres que por diferentes circunstancias están en la cárcel”, asegura.
Ahora Katy hace bisutería para generar recursos en la cárcel, pero asegura que se requiere ayuda de la población y de Régimen Penitenciario para la comercialización de los artículos que se generan en la cárcel.
Las privadas de libertad ofrecen varios servicios y productos, como bocaditos, masitas y otros alimentos que se venden a la población. Además, se lava y plancha ropa y se elaboran prendas de vestir.
Basilia
Basilia, de 36 años, tiene un hijo de 16 años. Ella está recluida desde hace más de un mes en San Sebastián. Es una mujer de escasos recursos, no sabe cuál es el delito por el que está recluida en el penal y sólo señala que después de una pelea con su hermana fue recluida.
“Mi hermana quería vender la casita de mi papá donde vivíamos. Yo he avisado eso a mi papá y mi hermana con mi sobrina me han agredido, yo me he defendido y sólo a mí me han traído aquí”, dice.
Basilia era vendedora ambulante y desde que ingresó a la cárcel quedó muy afectada, pues dejó a su hijo solo y ya no tiene ganas de vivir. “Ya no quiero vivir. Dicen que voy a estar 20 años aquí”, cuenta.
Indulto
En abril, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el Decreto Presidencial 5137 de indulto y amnistía por razones humanitarias y remitió los informes a la presidencia de la ALP para su tratamiento.
Esto beneficiará a las personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios del país que cumplan con los requisitos establecidos y que a la fecha de la publicación del decreto presidencial se encuentren con detención preventiva y sentencia condenatoria ejecutoriada únicamente para los casos de indulto.
También beneficiará a aquellas que se encuentren con detención preventiva excediendo el tiempo máximo de duración legal del proceso penal, sin que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada cuando pertenezcan a los siguientes grupos: varones mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años; personas con discapacidad grave o muy grave debidamente acreditada; personas con enfermedad de insuficiencias de estadio terminal (estadios 3, 4 y 5), enfermedades oncológicas en estado terminal o que requieran atención en un nosocomio y mujeres en estado de gestación a la fecha de publicación del decreto presidencial o madres en periodo de lactancia con hijo o hija menor a un año.
Más datos
De los 18 mil reos que había en 2022, en este año se contabilizaron al menos 31 mil, según informa el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
“Se han incrementado 13 mil privados de libertad en dos años y algo más. Eso quiere decir que la justicia tiene que hacer una profunda reflexión respecto a la privación de la libertad”, añade.
Si se aprobara en el Legislativo el decreto presidencial de indulto, eso podría aminorar la situación y descongestionar las cárceles donde la mayoría de los privados de libertad se encuentra con detención preventiva.
Limpias hizo un llamado a los diputados y senadores a aprobar la norma en cuestión, ya que podría beneficiar a unas 1.800 personas que cumplen ciertos requisitos.
Existen varias sugerencias para evitar la detención preventiva, una de ellas es la instalación de tobilleras electrónicas que vigilen los pasos de las personas que todavía tienen procesos. Sin embargo, esta medida implica una fuerte inversión.
