Vuelve a la mesa el debate sobre el uso de la biotecnología en Bolivia. Ayer, después de 13 días de bloqueo, los productores de San Julián decidieron levantar la medida en la vía Santa Cruz - Beni y otorgar un plazo al Gobierno para que se autorice, a través de una ley corta, el uso de semillas genéticamente modificadas.
Desde hace varios años, los productores piden al Ejecutivo el acceso a la biotecnología para mejorar y aumentar la productividad; este pedido se ha intensificado, teniendo en cuenta que en las últimas gestiones se han perdido miles de hectáreas a causa de la sequía y plagas.
Ante esta presión, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se explicó que el uso de la biotecnología no está prohibido ni restringido en el país, pero que, antes de ser aprobado, debe cumplirse con la normativa establecida.
Según la Constitución Política del Estado, el artículo 409 establece que su uso deberá ser regularizado mediante una ley, y en el caso de Bolivia, existe un Comité de Bioseguridad que evalúa si se cumplen todas las normas.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) solicitó al Comité Nacional de Bioseguridad la evaluación de un evento que es resistente a la sequía, y el Comité aceptó la solicitud para que esta pueda pasar a la evaluación de riesgos. Para su aprobación, deben transcurrir tres campañas, y ahí se verá si cumple con toda la normativa; si así fuera, se emitirá la ley.
El proceso de evaluación ya lleva dos años y aún no está concluido, por lo tanto, la autorización seguirá demorando.
Hace algún tiempo, el Gobierno ha expresado su rechazo al uso de semillas transgénicas en la producción de maíz porque asegura que estas pueden contaminar la buena producción que tenemos en el país. Por lo tanto, desde el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal (INIAF) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) se realizan controles y regulaciones para evitar la entrada de semillas genéticamente modificadas, ya que su uso podría distorsionar o contaminar la buena producción que actualmente se tiene.
Sin embargo, surgen críticas, porque si bien Bolivia rechaza el uso de la biotecnología en el maíz, permite el ingreso de harina o productos derivados de países que sí lo hacen.
Se ha recibido positivamente el anuncio del presidente Luis Arce de desarrollar una biotecnología propia para garantizar la seguridad alimentaria en Bolivia, ya que esto permitirá aumentar la productividad y la calidad agrícola.
Esperemos que el trabajo del Gobierno con todas las instancias competentes avance pronto, de la mano con los productores, que cada año registran significativas pérdidas que, al final, repercuten en el bolsillo de los ciudadanos con el incremento del precio de los productos.