Mientras los titulares e imágenes de los incendios forestales que devastan grandes extensiones del país ocupan nuestra atención, una crisis igualmente apremiante avanza en silencio en el valle alto de Cochabamba: la sequía. A pesar de su menor visibilidad mediática, la falta de agua está provocando estragos en las comunidades rurales y urbanas de la región, y sus efectos a largo plazo pueden ser tan devastadores como los incendios. El valle alto está enfrentando una sequía crónica que no solo amenaza la agricultura, sino también la vida misma de sus habitantes.
La escasez de agua para consumo y riego ha alcanzado niveles críticos en municipios como Punata y San Benito, donde la producción agrícola se está desplomando. Al menos 150 hectáreas de tierras agrícolas se han perdido sólo este año, lo que ha obligado a los productores a reducir o abandonar el cultivo de maíz y hortalizas, y a depender de pozos subterráneos con caudales mínimos. La situación es tan crítica que se ha implementado un racionamiento del agua para consumo humano.
Según estudios de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y organizaciones como Water for People, la falta de agua potable estrá afectando profundamente la calidad de vida en las comunidades del valle alto. En algunas escuelas, los estudiantes se ven obligados a compartir dos baterías de baño para cientos de escolares, lo que representa un riesgo sanitario alarmante.
La proyección a futuro es aún más preocupante. Según las investigaciones, si no se toman medidas inmediatas, para el 2030 o 2040 el valle alto no será capaz de cubrir las necesidades mínimas de agua para consumo humano, lo que podría generar un éxodo masivo y crisis humanitaria sin precedentes. Los proyectos de transvase de Kewiña Khocha y Q’omer Khocha, planteados como soluciones a largo plazo, han sido identificados como clave para mitigar la sequía, pero su ejecución se encuentra trabada por la falta de voluntad política y las resistencias locales.
Es imprescindible que el gobierno nacional y las autoridades departamentales actúen con la misma urgencia con la que enfrentan los incendios.
Los alcaldes y concejales locales, por su parte, han expresado su compromiso de agilizar las gestiones para concretar los proyectos de transvase, pero hasta ahora, los avances han sido lentos. Los intereses en conflicto y las resistencias de algunas comunidades no pueden seguir postergando la ejecución de soluciones urgentes. La Gobernación y el gobierno central deben asumir la responsabilidad de coordinar y garantizar que el agua llegue a quienes más la necesitan, ejecutando los proyectos, buscando los financiamientos y coordinando con las instituciones locales contra este peligro silencioso.
