La reciente conclusión de funciones de Juan Lanchipa en la Fiscalía General del Estado y la toma de posesión de Roger Mariaca representan un hito para el sistema de justicia en Bolivia. Este relevo, que finalmente se concretó a pesar de las divisiones políticas que hacían presagiar un paso algo más traumático, ha generado expectativas y, al mismo tiempo, grandes desafíos.
Lanchipa, al despedirse, destacó los avances de su gestión, y, según él, deja un Ministerio Público “renovado y moderno”, con un uso creciente de tecnologías y fiscales institucionalizados. “Me voy con la conciencia tranquila”, dijo. Sus críticos observan que deja más del 20 por ciento de mora procesal, además de haber mostrado parcialización con el oficialismo.
Ahora, el relevo trae consigo nuevos retos. Roger Mariaca, quien fungía como fiscal de distrito en Santa Cruz, ha prometido una gestión centrada en la erradicación de la corrupción, la impunidad y la violencia de género, temas que, sin duda, afectan profundamente a la sociedad boliviana. Su discurso inicial enfatizó un “compromiso inquebrantable” con la justicia y el acceso equitativo para todos, pero el reto va mucho más allá de las palabras.
Mariaca asume una Fiscalía marcada por casos altamente controversiales. Los procesos contra figuras políticas como Evo Morales, Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho, entre otros, están en el centro de la atención pública. Además, la impunidad ante actos de corrupción sigue siendo un mal enquistado, y la violencia de género esuna plaga que golpea con particular dureza a los sectores más vulnerables. Estos problemas requieren una Fiscalía fuerte, imparcial y, sobre todo, independiente.
La justicia no puede ni debe estar sujeta a vaivenes políticos. Las expectativas son altas y la necesidad de una justicia efectiva, imparcial y rápida es urgente. El nuevo Fiscal General tiene la oportunidad y responsabilidad de demostrar que es posible conducir un Ministerio Público independiente, que no se incline ante el poder y trabaje en favor de la justicia y del bienestar de la población.
El desafío es enorme. Mariaca debe enfrentar una estructura que ha sido criticada por su ineficacia, politización y falta de transparencia. El éxito de su gestión no dependerá solo de su capacidad para administrar, sino de su valor para enfrentar a los poderosos y para proteger a los débiles con equidad y firmeza.
En este nuevo capítulo de la Fiscalía General del Estado, lo deseable es que la justicia sea el verdadero norte de la gestión. La población boliviana ha perdido la fe en sus instituciones judiciales y Mariaca tiene en sus manos la oportunidad de empezar a devolver esa esperanza. Que su mandato sea un paso hacia adelante y no un retroceso en una historia de injusticias y desencanto.
