La situación en el trópico de Cochabamba (Chapare) desafía cualquier noción de Estado de derecho y constitucionalidad en Bolivia. Los eventos recientes, en que cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico han asumido el control, expulsando a la Policía y al Ejército, exhiben el creciente poder de una facción que ha convertido la región en su propio feudo. Esta zona, que debería ser parte integral de Bolivia, ya es un territorio con sus propias normas, donde el Gobierno central, la justicia y las fuerzas del orden son reemplazadas por decisiones arbitrarias de líderes cocaleros.
La toma de Umopar y cuarteles de la Novena División del Ejército ha sido justificada con el pretexto de defender a sus líderes y evitar presuntos ataques. Sin embargo, el mensaje es claro: en el Chapare se hace lo que los cocaleros decidan, y lo que ahora han decidido es activar “un comité de autodefensa” y tomar cuarteles. Esta autoproclamación de poder sin respeto a los derechos constitucionales y bajo la amenaza de violencia revela el extremo abuso de los derechos ciudadanos que sufren tanto los residentes como los miembros de las fuerzas del orden atrapados en esta maraña de control y hostigamiento.
La situación de los efectivos policiales y militares es desgarradora. En un video difundido desde Ivirgarzama, un policía de Umopar relata la desesperación de hallarse “cercados, sin agua ni alimentos”. El pedido de ayuda de las familias de los militares atrapados en Villa Tunari también expresa una angustia intolerable. Padres y esposas imploran al Gobierno una evacuación urgente. En tanto, niños y familiares permanecen en ambientes militares sitiados, expuestos a una situación de total inseguridad.
Este aislamiento del Chapare no es solo simbólico; ha afectado también la economía y vida cotidiana de la región. Bancos cerrados,oficinas gubernamentales fuera de servicio, y la suspensión de clases son solo algunas de las consecuencias del clima de hostilidad. Las familias que dependen de la estabilidad de estas instituciones ahora ven su vida sumida en una incertidumbre absoluta.
Bolivia no puede ni debe tolerar la creación de un estado paralelo, donde las leyes son sustituidas por la voluntad de quienes, en defensa de sus intereses, pisotean los derechos de los demás. Este tipo de abuso es una clara contravención a los principios de democracia, justicia y respeto por el derecho que debería prevalecer en un Estado soberano.
La nación necesita una respuesta firme y eficaz que restablezca la paz y el respeto a las leyes en todo su territorio. La situación en Chapare es un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se concentra sin límites y se permite que un grupo imponga su ley por encima de las normas que nos deben regir a todos.
