El conflicto entre órganos del Estado acerca de la realización de las elecciones judiciales y el indignante arranque de violencia que se produjo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la inauguración de su última legislatura parecen no afectar sobremanera a los bolivianos que cada día deben adaptarse a las cotingencias de las carencias, de dólares, de combustible.

El ciudadano de a pie está ocupado en superar las dificultades resultantes de la crisis económica y de los problemas de aprovisionamiento alimentario que cualquier día se agravan como efecto del ejercicio de la coherción y las medidas hostiles de presión motivadas por intereses político-personales.

Y los tropiezos repetidos con los que choca la incierta realización de los comicios judiciales, lo mismo que los lamentables espectáculos que se suceden en el Parlamento, preocupan por su recurrencia y desconciertan porque dan la impresión que estamos en un Estado donde la presión de las movilizaciones y la agresión son los únicos códigos para entendernos y tratar de superar nuestros descontentos.

“Lo que hoy hemos visto no es lo que somos los bolivianos”, decía el viernes el jefe del Estado refiriéndose al violento escándalo del mismo día en la ALP, por el cual la Cancillería tuvo que emitir una “sincera disculpa” a la comunidad internacional.

¿Y qué decir de las elecciones judiciales cuya organización ha sido paralizada varias veces por salas constitucionales departamentales y, recientemente —cuando la mayor parte del proceso para su realización está concluido—, prácticamente estarían congeladas y postergadas sin fecha por decisión de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?

Ambas ocurrencias harán que el ciudadano común mueva la cabeza de izquierda a derecha como signo de resignación e impotencia, sentimientos a los que estamos habituados en estos casos, lo que es señal preocupante de que esas distorsiones de nuestro orden institucional comienzan a ser parte de una anormal normalidad.

¿Quiénes deben ocuparse de este caos que nos aflige como país y nos hace sentir que vivimos en una total desorganización institucional donde se vulnera a menudo la autoridad de la Constitución y del Estado?

Esa es la atribución natural de los políticos, de quienes ejercen cargos como resultado de elecciones o de designación y también de aquellos que aspiran al voto popular en las elecciones del próximo año.

Pero ni uno ni otros manifiestan preocupación alguna por este estado de subversión del orden social y político, de las atribuciones de los órganos del Estado, y del imperio de la agresión sobre el diálogo y la argumentación.