El cáncer del narcotráfico en Ecuador y Bolivia avanza con distinta intensidad. El tratamiento de este mal que carcome todo lo que toca también es diferente. En el Estado ecuatoriano llegó al preocupante grado del narcoterrorismo, luego de un intento por extirparlo con el megaoperativo denominado Metástasis, a fines de 2023, operación liderada por la joven fiscal general Diana Salazar Méndez.
“Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado”, afirmó la fiscal tras la cirugía de alto riesgo que tuvo al menos 75 allanamientos simultáneos en siete de las 24 regiones ecuatorianas y la detención de 31 personas, entre jueces, fiscales, policías, abogados y personas relacionadas con el crimen organizado.
Una de las figuras más relevantes en la lista de aprehendidos era Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, equivalente al Consejo de la Magistratura en Bolivia, organismo estatal que vigila y disciplina la función judicial. En el momento de su detención, Terán lanzó algunas bravuconadas contra la Fiscalía General. La verdadera respuesta, la violenta y mafiosa, vino desde el narcotráfico, el poder paralelo en esa nación desde hace décadas.
Fabricio Colón Pico, capo del narco apodado el Salvaje, jefe de Los Lobos, un grupo criminal derivado de Los Choneros, banda liderada por Adolfo Macías, alias Fito, había sido detenido el 5 de enero de este año, luego de que la fiscal Diana Salazar lo denunciara como autor de amenazas de muerte contra ella y su familia. Días después, el Salvaje se fugó de la cárcel de Riobamba, en un abierto desafío a la aplicación de la ley y la muestra de la concomitancia con la estructura corrupta descubierta por la investigación fiscal en el caso Metástasis.
La fuga de Colón se produjo en medio del levantamiento armado del narcotráfico, algo nunca visto en Ecuador y que ya tuvo graves consecuencias en Colombia y México. La pesadilla que vivieron los ecuatorianos será difícil de olvidar: un canal de televisión tomado en vivo, sus periodistas y funcionarios secuestrados, vehículos incendiados en calles de Guayaquil, intentos de tomas de universidades y otras instalaciones, inocentes muertos por disparos de grupos delincuenciales…
Fito, representante de la mafia mexicana en Ecuador, se fugó antes que Colón Pico, en una fecha aún no precisada. Ambos son buscados por las fuerzas de seguridad asesoradas por altos cargos militares y policiales de EEUU, en el marco de la guerra que el presidente Daniel Noboa declaró al narcoterrorismo mediante un decreto que establece la existencia de un conflicto armado interno.
“El caso Metástasis es una radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”, sentenció la fiscal Salazar y también involucró a altos funcionarios de la Policía con los grupos criminales que operan en su país.
¿A qué viene este recuento de terror? Es para marcar al menos dos notorias diferencias con el cáncer del narcotráfico en Bolivia y su diseminación por instituciones estatales. La primera es la decisión de la fiscalía de Diana Salazar Méndez de desbaratar el esquema de complicidad y protección que abarcaba, entre otros, a administradores de justicia, mandos policiales y sectores políticos.
En Bolivia, el panorama es opuesto. Tenemos como Fiscal General de Estado a un campeón del surfismo político. Juan Lanchipa Ponce ha mostrado desde 2018 una gran habilidad para aparecer siempre sobre la cresta de la ola, sin importar el tipo de gobierno de turno ni su ideología. Hace lo que le piden y no le importa si hunde al Ministerio Público en el desprestigio ante la sociedad boliviana y la comunidad internacional.
Lanchipa cumple su período de seis años en octubre de este año y, la verdad, es imposible imaginarlo poniéndose a la cabeza de la verdadera lucha contra el narcotráfico, tratando de hacer algo parecido a la investigación comandada por su colega ecuatoriana. En este sexenio ha hecho que las investigaciones fiscales sean conducidas con criterios estrictamente políticos.
La segunda diferencia es la determinación de Noboa de responder con la declaratoria de guerra al crimen organizado que ha convertido a su país en el más peligroso de Sudamérica. Si bien en Bolivia no se ha desatado una arremetida narcoterrorista, la actuación de sicarios en zonas fronterizas del Beni y Santa Cruz, además del corazón del trópico cochabambino, los asesinatos a delatores y el falso control estatal de las cárceles pueden disparar la violencia a escenarios sin precedentes.
La penetración del narco en estamentos policiales, judiciales y políticos es inocultable, así como del contrabando y de la minería ilegal. La fuga del narco uruguayo Sebastián Marset hace casi seis meses en Santa Cruz, y el abortado operativo antidrogas en Valle Sajta, en 2021, por orden de autoridades del Ministerio de Gobierno, según denunció el coronel Yerko Terán, muestran el nivel de encubrimiento y de metástasis del crimen en el Estado, lo que amenaza con llegar a tocar a la sociedad misma, si es que no lo hizo ya.
