Resulta desconcertante lo expresado por el presidente Luis Arce el pasado 22 de enero cuando afirmó que “mantiene las decisiones soberanas sobre nuestros recursos naturales y la política exterior”.
Al escucharlo, muchos habrán pensado de inmediato en las aguas del Silala y el sorprendente silencio que ha caracterizado al Gobierno en general y a la Cancillería en particular respecto a este recurso natural, después del juicio en La Haya.
La discrepancia entre el discurso presidencial y las acciones concretas de su Gobierno es evidente, más aún porque al que al parecer la Cancillería o sus asesores en política exterior no informaron al presidente que el concepto de soberanía hoy no es absoluto en aguas internacionales transfronterizas.
Ningún Estado hoy puede hacer uso unilateral de las aguas compartidas sin antes atender la obligación de no causar daño al medio ambiente y al Estado con el que se comparte el recurso, según manda el derecho internacional consuetudinario, debidamente codificado en la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 1997.
Entendemos que las numerosas responsabilidades del señor presidente pueden limitar su cercanía al manejo actual de la política exterior en relación con los recursos naturales, especialmente aquellos vinculados a las aguas internacionales transfronterizas. En el contexto actual, estos recursos, de vital importancia en un mundo donde las reservas de agua dulce se agotan rápidamente, ya no se aprovechan exclusivamente bajo la decisión soberana de los estados. Estas aguas compartidas requieren acuerdos, necesitan una gobernanza mancomunada.
La noción clásica de soberanía se ha transformado en la nueva terminología de la diplomacia del agua, siendo reemplazada por la de decisiones compartidas. En este contexto, el derecho internacional ha evolucionado considerablemente, generando normas para ríos, lagunas, acuíferos compartidos e incluso anticipando sorpresas en el próximo manejo de las aguas subterráneas.
Las aguas internacionales transfronterizas que rodean nuestro límite internacional constituyen el 48,5% de nuestra línea limítrofe, aproximadamente 3.400 kilómetros y por ello deberían ser motivo de máxima preocupación para el Gobierno. Lamentablemente, la falta de profesionales capacitados en este ámbito ha dejado al país en una situación precaria. Esto ha ocurrido por el retiro de los diplomáticos de carrera, para dejar solo militantes sin formación especializada, todo por seguir un obsesivo desmontaje de una supuesta estructura colonial.
Con Chile existen líneas claras que guían las relaciones internacionales, sobre todo después de los desastrosos resultados de los juicios ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, las aguas limítrofes con Chile representan sólo el 2% de toda la frontera binacional. No obstante, existen otras fronteras que requieren una cuidadosa atención.
Con Perú, compartimos 370 kilómetros de aguas internacionales, el 33% de nuestro límite binacional. Y el virtual abandono del manejo de varios de esos recursos es preocupante. Por ejemplo, la situación en relación al río Mauri, que nace en Perú e ingresa a Bolivia, exige atención prioritaria, pero los funcionarios a cargo prefieren guardar silencio púes es más sencillo recibir el salario mensual sin despeinarse. Entretanto, los trabajos y canalizaciones unilaterales en Perú continúan y la pasividad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia es evidente.
El compromiso boliviano-peruano para no realizar trabajos unilaterales en ese curso de agua internacional, se ha establecido y ratificado en repetidos encuentros del gabinete ministerial conjunto, pero no ha resultado eficaz. Los trabajos y los trasvases continúan en Perú y en el futuro mediato los daños serán irreversibles.
Con Paraguay la situación es más sencilla. Solo el tenemos el 5% de límite internacional de aguas compartidas, 37 kilómetros. Aun así, es imperativo precautelar adecuadamente este recurso natural.
Con Brasil, el escenario es más serio. El 78% de nuestro límite binacional está compuesto de ríos, lagunas y pantanos. Son 2.672 kilómetros que preocupan, porque los nuevos funcionarios carecen de la experiencia necesaria para abordar estos asuntos; con seguridad ninguno ha navegado esas aguas y quedan largos tramos de batimetría conjunta para demarcar la línea limítrofe y confirmar la soberanía de numerosas islas.
En cuanto a la Argentina, la relación en general es cordial. Por ejemplo, en el triángulo de Bermejo, a pesar del natural constante cambio de curso de los ríos Grande de Tarija e Itaú, la determinación del límite es clara y sólo se trabaja en visibilizar la demarcación porque en la zona los ciudadanos bolivianos y argentinos viven en un entramado fronterizo que difícilmente entienden las líneas impuestas por la geografía acordada.
Estas breves notas reflejan el porqué del asombro al escuchar la afirmación del señor presidente sobre el manejo soberano de nuestros recursos naturales y política exterior. Habría sido enaltecedor escuchar al jefe de Estado anunciar el fortalecimiento de equipos diplomáticos capacitados para negociar estos temas, para precautelar nuestros recursos naturales.
La Cancillería no solo necesita un profundo remezón, sino que requiere que el presidente tome en serio su tarea con la diplomacia nacional, un área que no es simplemente coyuntural y menos una agencia de empleos en el exterior, sino que conlleva el más alto interés nacional.
