Evo Morales Ayma acaba de prometer, como bandera para la siguiente elección, un proyecto de ley para perseguir la corrupción, hasta con 30 años de cárcel porque, diciéndolo en sus propias palabras “Sería exagerado pena de muerte como China (...) no comparto, sería atentar la vida. Aquí, hay que aprovechar la justicia” (Los Tiempos, del 28 abril 29).
Si algo conoce Morales a fondo, igual que su discípulo, Arce Catacora, es cómo aprovechar la justicia, con todos los trucos y mañas para conseguirlo; por eso es tan rasposa la pelea entre ambos por la mejor forma de usar a su favor las elecciones judiciales anunciadas, o cómo volver a impedirlas.
No es posible saber con exactitud si la preocupación del expresidente con la vida, es un principio general, o una inquietud acerca de qué podría pasar con la suya en particular si se aprobara su proyecto, incluyendo la (hoy imposible) pena de muerte contra la corrupción.
Por ahora, el primer recurso empleado por Morales Ayma igual que Arce Catacora, es la amnesia, la desinformación y el uso intensivo de la incompetencia aritmética, que es parte de la herencia legada por el exvice García Linera. Sus memorables, a veces hilarantes, y reiteradas equivocaciones al multiplicar , o su intento de enredar proyecciones estadísticas con la teoría general de la relatividad, en su rol de responsable teórico de impulsar el referendo perdido por el MAS en 2016 y, luego, los recursos de golpe y fraude para revertir esa derrota.
La justicia puede aprovecharse, pero jamás funcionará correctamente con las fallas de cálculo numérico y político empleados por la fracción luchista del MAS, subrayadas en los titulares de las noticias sobre el arresto y prisión domiciliaria del hombre clave de la estrategia industrialista de Evo Morales Ayma y la cacería policial de otras nueve personas. Esa fulminante batida tiene una primera víctima letal con la muerte del exgerente de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), el 24 de abril recién pasado.
El arresto de algunos, la prisión domiciliaria, la muerte, arrancaron con la acusación fiscal de haber incurrido, entre otros delitos, en daño económico al Estado, por 425 millones de bolivianos, debido a fallas garrafales en las piscinas de concentración evaporítica de la planta procesadora de carbonato de litio en Uyuni.
La cifra de 425 millones de bolivianos se apoyaría en cuatro años de investigaciones y miles de páginas, pero es completamente parcial y tendenciosa porque, en realidad, lo gastado en esa planta hasta ahora supera los mil millones de dólares, como lo ha apuntado el ministro de Energías e Hidrocarburos, el 23 de abril 23 de este año.
Por su lado, Morales Ayma, también necesita sumar mal, los años y recursos económicos empleados, para diluir la responsabilidad de los tres gobiernos que encabezó con el buen propósito de generar una tecnología propia, pero con tan perversa ejecución que para 2019 los resultados eran prácticamente nulos.
¿Cómo se explica que solo un miembro del Gobierno sea quien mencione cifras más próximas a la realidad, y los demás, incluyendo el presidente, callen? El primer motivo es que la denuncia oficial de YLB, el Ejecutivo, la Fiscalía, el Procurador, tiene una dirección electoral y tratará de mantener la oscuridad, detrás de mucho ruido. El ir a profundidad es tan riesgoso para los dos candidatos masistas, Arce Catacora y Morales Ayma. Los dos participaron activamente en pasos clave del maltratado proyecto del litio; el uno como impulsor y el otro como cajero.
Ambos tienen mayor responsabilidad que los técnicos perseguidos, acosados y detenidos: los mil millones de dólares equivalen, mínimo, a seis mil ochocientos setenta y un millones de bolivianos o, con el precio del dólar “comercial” (de la calle, el que verdaderamente marca el ritmo) a ocho mil millones, es decir a cerca de 18,8 veces las cifras que manejan fiscales y otros funcionarios, de las cuentas que tienen que rendir.
Esos números, apenas una fracción de los cientos de contratos, adjudicaciones, compras y todos los demás recursos manejados por el régimen desde 2006, nos aproximan al vértigo del malgasto, la malversación, los fraudes y la rapiña.
Por eso la pelea sobre esta y otras cuestiones es tan falsa y engañosa. No se necesitaban “cuatro años de investigaciones”; las cifras ya se habían publicado, desde la palabra oficial a las observaciones de la empresa alemana Acisa, con la que Morales firmó contrato en 2019, obsequiando los concentrados de la planta que apenas funcionaba. Todo fue publicado en medios y muchas veces en las redes, hace cuatro años, y aun antes.
Bastan estos datos preliminares para entender por qué los jefes de las dos fracciones oficiales necesitan jueces sumisos y corruptos, como los que han engordado y proliferado desde el primer día del régimen actual hasta hoy, hasta alcanzar la madurez necesaria para “autoprorrogarse”, sin que nadie quiera o pueda moverlos.
