Bajo los slogans de “mi orientación no es tu diversión” o “El orgullo no es moda es una lucha diaria”, varios colectivos que componen la comunidad LGBT+ realizaron la marcha del orgullo como cada fin de junio.
El 28 de junio se conmemoraron 55 años de las revueltas producidas en 1969 en Nueva York, en el bar gay Stonewall. En ese tiempo la homosexualidad era ilegal en aquel país, y la fuerza del orden era la encargada de ejecutar redadas y persecuciones policiales. Los disturbios de Stonewall marcaron el hito del inicio del movimiento por los derechos civiles de los homosexuales y fueron el fermento del movimiento por la igualdad. Un año después de los disturbios, en 1970 se organizó una marcha para conmemorar las protestas, y esta fue multitudinaria. De esta manera, se configuró la primera Marcha del Orgullo Gay.
Después de más medio siglo existen avances, respecto a la época en la que una relación entre adultos del mismo sexo era catalogada como “sodomía” y era ilegal; es decir, se podía terminar en la cárcel por ser homosexual. La homosexualidad era motivo de despido e incluso considerada como una enfermedad mental. Sin duda, hoy en día existen determinados derechos que se ejercen, como la unión libre, o la ley de identidad de género. Sin embargo, en el país llama la atención que en pleno siglo XXI sea necesario poner en la mesa del debate, demandas y determinados derechos civiles que tienen que ver con el reconocimiento de derechos humanos de las personas LGBT+. Nos referimos, por ejemplo, al reconocimiento del matrimonio homosexual, la unión civil, la adopción de hijos por parejas del mismo sexo. Es decir, personas homosexuales, lesbianas, transexuales, etc. llegan a conformar relaciones de pareja, otros tienen hijos, y llegan a conformar familias. La exigencia, por tanto, es que el Estado reconozca y respete los derechos que como ciudadanas y ciudadanos tienen estas personas, como el resto de la población.
Debemos estar conscientes de que estamos frente a una problemática de ciudadanía, de derechos y, por tanto, de exigencia democrática por parte de esta comunidad. Para ella es necesario pasar del orgullo a la acción política. En el continente latinoamericano apenas siete países han reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, y Bolivia reconoció la unión libre. Vivimos un contexto de intolerancia preocupante, que incluso ocasiona “asesinatos de odio” motivados por la homofobia.
El 28 de junio es un día subversivo desde la perspectiva simbólica, la comunidad LGBTI+ marcha como práctica de lucha constante por legitimar su presencia y vencer el miedo ante un modelo sociocultural inflexible respecto de la sexualidad, y que incita a la intolerancia cotidiana. El hecho de denominar el 28 de junio como “Día del orgullo”, es una respuesta política, en una sociedad que educa para avergonzarse y tener miedo de la identidad que cada uno posee. En esta frase se halla el sentir de toda una comunidad perseguida y discriminada por un sistema y un orden político y cultural prejuicioso, basado en binomios que excluyen y que dificultan llegar a la tolerancia y la aceptación.
Pese a todo, “la marcha del orgullo” se extiende y va creciendo a modo de una marea. Las nuevas generaciones se hallan más abiertas a entender la realidad variopinta que rompe con la construcción social dicotómica de la sexualidad. Las adolescentes y los jóvenes aceptan cada vez con mayor naturalidad las opciones de personas homosexuales, bisexuales, transexuales, pansexuales, asexuales, intersexuales, queer etc. que se encuentran al margen de los parámetros normativizados y que luchan por sus derechos y el reconocimiento a la diferencia, promueven la igualdad y visibilizan sus demandas.
Necesitamos entender que la reivindicación de esta comunidad es “sin fronteras para el amor, sin límites para los derechos”.
