El reciente debate en torno a la posibilidad de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela no es sólo un tema político, sino el reflejo de una lucha más profunda por la integridad y el futuro de la nación. María Corina Machado, calificada como la “Libertadora” es una de las voces más fuertes de la oposición, ha dejado claro que aceptar esta propuesta sería traicionar la verdadera voluntad del pueblo venezolano, expresada en las urnas. Una actitud tajante también se asumió en Bolivia, cuando el pueblo entero rechazó las nuevas elecciones propuestas por Evo Morales, inmediatamente después de que se descubrió el monumental fraude en las elecciones generales de octubre de 2019. Así es como el rechazo se convierte en una actitud valiente con resultados positivos. Evo Morales terminó fugando y ojalá Maduro adopte la misma decisión.
El problema central en Venezuela es la falta de confianza en el sistema electoral, un mecanismo que, bajo el control del régimen de Maduro, ha sido repetidamente manipulado para favorecer a la élite de narcotraficantes que gobierna ese país. Esta desconfianza se ha visto alterada por la interferencia de Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes, bajo la bandera de la “paz”, promueven la idea de repetir elecciones que perpetúen el fraude.
Lo que ha ocurrido en Venezuela no es simplemente un error o una anomalía electoral, sino un fraude sistemático diseñado para distorsionar la verdadera voluntad del pueblo. Cuando se descubre un fraude electoral, como ha sido el caso en múltiples ocasiones, las voces del socialismo del siglo XXI, representadas por los Kirchner, Chávez, Ortega, Correa, Morales, Maduro, Lula y Petro, abogan por repetir las elecciones. Yo me pregunto si alguno de estos personajes escabrosos tiene las agallas suficientes para proponer nuevas elecciones en Cuba si lo que ahí existe es un fraude electoral transversal que dura más de 60 años. A mí no me cabe duda de que son los expertos cubanos que promueven la idea de ese ciclo vicioso de fraude y repetición, sólo para consolidar los resultados tramposos, minando la moral de los ciudadanos y erosionando mucho más la democracia venezolana.
Las soluciones propuestas por actores internacionales, como la repetición de elecciones o la formación de un gobierno de coalición, deben ser vistas con desconfianza. Estas opciones no abordan el problema de raíz, que es el control del régimen sobre el proceso electoral. Además, la insistencia en repetir las elecciones bajo las mismas condiciones es una táctica que facilita la consumación de un nuevo fraude. Es que sería un error esa repetición, y que lastimosamente en Bolivia lo cometimos en 2020 cuando en las elecciones salió ganador Arce Catacora con ese “increíble 51%” (muy parecido al 51% de Maduro) y con el tribunal electoral postizo que actualmente esta controlado por el Gobierno central.
La única solución viable en este contexto es el rechazo categórico a la celebración de nuevas elecciones. El triunfo de la oposición, manifestado en una mayoría exorbitante de votos, no debe ser negociado ni puesto en duda. Ceder a la repetición de elecciones sería un acto de debilidad y una verdadera traición a los venezolanos que ya han expresado su voluntad. En lugar de buscar nuevas elecciones, la comunidad internacional y la oposición venezolana deben concentrarse en asegurar que se realice una investigación exhaustiva del fraude electoral y que los responsables sean llevados ante la justicia. ¿Por qué se propone esta solución? Allá por noviembre y diciembre de 2019, en Bolivia se les perdonó a los defraudadores electorales, entre ellos a los candidatos Morales y García, al partido político MAS, a las autoridades electorales y a todos los operadores que violentaron la voluntad popular. Ahora, el resultado de ese perdón es visible: ellos siguen gobernado. Bien puede servir como ejemplo el caso boliviano de lo que no se tiene que repetir en Venezuela.
Es perentorio que la comunidad internacional no se deje engañar por las maniobras del socialismo del siglo XXI y sus operadores. En Venezuela ya se perdió todo, y nada cuesta insistir en la verdad de los resultados electorales y exigir que se concluya el proceso investigativo del fraude, castigando a los responsables y exponiéndolos públicamente para que nunca más se incurra en el mismo error. Sólo a través de una acción decidida y coherente se podrá preservar la integridad de la democracia en Venezuela.