La reciente participación de funcionarios del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba en los bloqueos de caminos ha generado una oleada de críticas y cuestionamientos. El solo hecho de ver a empleados públicos, cuya misión es promover el desarrollo y bienestar del departamento, involucrados en actos que paralizan la economía no solo es un acto de hipocresía y deslealtad, sino una acción que va en contra de sus propios intereses y del compromiso que tienen con el “Vivir bien”.

No existe documento oficial de la Gobernación de Cochabamba que niegue que es una institución de servicio público, cuya función principal es promover el desarrollo integral de la región, y su misión está destinada a crear oportunidades y mejorar la calidad de vida de todos los cochabambinos a través de la coordinación con actores sociales e institucionales. Además, todos saben que a la cabeza de esta institución está el gobernador, un líder elegido por el pueblo, encargado de asegurar la igualdad de oportunidades en el departamento.

Este ideal de desarrollo y prosperidad se ve mutilado cuando quienes deben impulsarlo participan activamente en actividades que perjudican el crecimiento y estabilidad económica del departamento. Ese es precisamente el caso de los recientes bloqueos de caminos, donde no solo los seguidores de Evo Morales, sino también funcionarios de la gobernación y miembros de la Asamblea Legislativa Departamental han estado involucrados.

La figura del gobernador de Cochabamba no ha estado exenta de polémica. A pesar de ser el máximo representante departamental, su popularidad y apoyo siempre han sido limitados, siendo elegido más por obediencia a lineamientos políticos del cocalero que por consenso o simpatía popular. Durante los bloqueos, su postura ha sido aún más cuestionada por la ciudadanía debido a su notable ausencia y falta de pronunciamientos públicos para abordar la crisis. Esta actitud de inacción ha sido interpretada como una muestra de deslealtad y cálculo político, una evasión de su deber de defender los intereses económicos y sociales del departamento que representa. Entre tanto el gobernador, sigue perdido con su anonimato a cuestas. Muchos se preguntan: ¿quién es ese señor?

En medio de esta situación, los funcionarios subalternos de la Gobernación han jugado un papel paradójico. Por un lado, estos servidores cobran sus salarios de los fondos provenientes de los impuestos que pagan los mismos cochabambinos; por otro, han participado activamente en los bloqueos, que precisamente impiden la actividad económica de quienes sostienen el presupuesto público. Este tipo de comportamiento ha sido calificado de manera severa por el propio presidente masista, Arce Catacora, como un “bloqueo criminal” contra la ciudadanía. Es una contradicción evidente que, siendo empleados públicos, algunos de estos funcionarios actúen en contra de los intereses que están llamados a proteger.

La economía de Cochabamba depende en gran medida de la libre circulación de bienes y personas. Ante los bloqueos, los empresarios cochabambinos entienden que el desarrollo regional y el progreso económico son esenciales para el bienestar de todos, incluyendo los mismos funcionarios públicos. En este contexto, la única forma de reprochar la actitud de aquellos funcionarios involucrados en actos de sabotaje al crecimiento regional es identificarlos y despedirlos forzosamente de sus cargos; y, porque no, procesarlos penalmente por los daños y perjuicios provocados.

La frustración de la población cochabambina ante esta situación es comprensible y justificada. Los ciudadanos cuestionan no solo la falta de liderazgo del gobernador, sino también la actitud “criminal” de los funcionarios que han participado activamente en estos bloqueos. Para muchos, esta conducta es una traición, un acto que destroza el esfuerzo económico de aquellos que trabajan cada día para hacer crecer la región. En este sentido, los ciudadanos tienen todos los motivos para exigir responsabilidad, transparencia y, sobre todo, una acción coherente de sus representantes.

Los bloqueos en Cochabamba y la participación de funcionarios públicos en ellos han generado una reflexión importante sobre la responsabilidad y la ética en el servicio público. La población espera que los servidores trabajen a favor del interés colectivo, no en su contra. Las autoridades departamentales deben ser ejemplo de transparencia y liderazgo, demostrando que sus acciones están alineadas con el bienestar del departamento.