Cinco meses de incendios forestales este año. Más de diez millones de hectáreas consumidas por el fuego descontrolado y posiblemente muchos millones más de animales, de diferentes especies, muertos por la devastación. El número de personas que en el futuro presentarán enfermedades por las humaredas que envolvieron por semanas e incluso meses a municipios rurales de Santa Cruz y Beni, y varias capitales, es incalculable en este momento.
Parece que los causantes del ecocidio —grupos de avasalladores de tierras, empresarios inescrupulosos, dirigentes ligados al masismo con intereses ruines— quedarán impunes. Lo último que se informó fue la detención preventiva de un puñado de individuos que son procesados penalmente al haber sido descubiertos con elementos para prender fuego a los bosques y praderas.
En cuanto a los presuntos abusos sexuales a menores que involucran a Evo Morales, durante su régimen de casi 14 años (2006-2019), las denuncias ya suman una veintena. Se publicaron nombres de quienes supuestamente lo encubrían y le facilitaban niñas y adolescentes, fotografías sobre la violencia física contra una de ellas, y datos sobre lugares en La Paz donde se producían fiestas y encuentros sexuales con menores.
La orden de aprehensión librada por una comisión de fiscales tarijeños, sobre la base de un informe de Inteligencia de la Policía, fue neutralizada con la decisión de una jueza de Santa Cruz. No se sabe qué pasó con el informe policial, cuyos datos apuntan a Morales en el caso de estupro y trata y tráfico cometidos entre 2015 y 2016 contra una adolescente de 15 años, oriunda de Yacuiba.
Estos temas golpearon duro a la sociedad por las connotaciones de destrucción del medioambiente y la conducta aberrante de Morales, aprovechando su poder político y su condición de presidente de Bolivia. La ausencia de la autoridad del Estado para aplicar las sanciones que manda la ley se hizo evidente con la acción lenta y complaciente de la Fiscalía General, ahora a cargo de Róger Mariaca, quien asumió el 22 de octubre paradójicamente con el compromiso de enfrentar tres males: corrupción, impunidad y violencia de género.
Se dice en el país: “Escobita nueva barre bien”, pero la sentencia popular no alcanza por el momento al nuevo Fiscal General y su equipo de fiscales departamentales. De manera ingenua se pensó en que, a diferencia de la gestión de Juan Lanchipa, las investigaciones fiscales, en ambos temas, irían por la vía del esclarecimiento, pero las nuevas autoridades parecen haber caído en la vieja lógica del Ministerio Público de acomodar sus actuaciones al interés político o económico.
La consecuencia de no investigar hasta esclarecer el ecocidio de este año, identificando y acusando a los verdaderos responsables, será que en 2025 volverán los incendios forestales, volverá la destrucción en la Chiquitanía, volverá la tragedia para las familias de tierras bajas y volverá la indignación, mezclada con impotencia, de la población boliviana ante el avance del fuego.
El ciclo criminal contra la naturaleza se nutrirá nuevamente de la impunidad. Los chaqueos, incitados por el caudillo del MAS, se realizarán una y otra vez, y se transformarán en complejos de incendios, matando todo lo que encuentren a su paso, mientras la complicidad gubernamental se traducirá en el monitoreo de los focos de calor en salas llenas de pantallas y vacías de voluntad política para acabar con las prácticas depredadoras.
Y si de depredadores hablamos, aquel que escogía niñas —también se habla de niños— y adolescentes en actos públicos que se realizaban casi a diario en su régimen se da el lujo de marchar, bloquear, ayunar y conspirar porque sabe que la investigación fiscal ha sido ralentizada. El nuevo Fiscal General afirma que las indagaciones volvieron a la fase inicial y la ratificada Fiscal Departamental de Tarija anuncia sorpresas en cualquier momento. ¿A quién le creemos? ¿Qué fue del informe de Inteligencia de la Policía?
La elección del Fiscal General en la Asamblea Legislativa para el período 2024-2030, por más de dos tercios de los votos —115 de los 161 parlamentarios presentes en el pleno de la ALP—, sigue siendo un misterio. Se habló de la circulación de maletines negros para facilitar la votación por quien tenía el currículum más pobre de los 10 finalistas y apareció favorecido por el grueso de senadores y diputados, oficialistas y opositores, dejando de lado al favorito del Ejecutivo. El rumor aún flota en pasillos y oficinas del Legislativo. Y la pregunta, ¿a quién realmente responde?, también.
La sociedad urge el esclarecimiento del ecocidio en 2024 y las denuncias de abusos sexuales a menores por más de una década. No hay que olvidar que el nuevo Fiscal General se impuso un triple compromiso: enfrentar la impunidad, la corrupción y la violencia de género. En el primer tramo de su sexenio, va perdiendo la batalla.
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