Varios analistas mencionan que, salir de la crisis actual, necesitará “otro 21060”. El doctor Juan Antonio Morales, actor directo en el equipo que diseñó e implementó el ya famoso Decreto Supremo 21060, ha compartido lo que fue el proceso de análisis y de reflexión que culminó en la redacción de esa norma. Él considera que superar la actual crisis, que tiende a agudizarse día a día, requerirá de un nuevo proceso de discusión amplia, y alerta que “si bien el país está mejor preparado intelectual y técnicamente que en 1985, hay empero menor voluntad de concertación (…). El obstáculo principal para plasmar ideas en realidades, es político, ya que ellas necesitan un consenso de la población, similar al que se llegó en 1985”.

Por tercera vez, el próximo 15 de diciembre, “a través del voto popular”, elegiremos a las máximas autoridades del Órgano Judicial. Esta novedosa manera de conformar uno de los poderes más importantes del Estado está establecida en el texto Constitucional aprobado en 2009.

El diseño de esta modalidad para conformar el poder Judicial fue concebida en el proceso constituyente por asesores extranjeros como una gran novedad. Bolivia se ponía, en el mundo, a la vanguardia en la elección de máximas autoridades del órgano judicial a través de las urnas.

Antes de este “profundo” cambio, los jueces y magistrados eran designados mediante mecanismos tradicionales, donde los otros poderes públicos insidian notablemente, poniendo siempre en duda la transparencia de las designaciones. Los magistrados eran elegidos en acuerdos y componendas. Luego, sumisos ellos, se sometían inexorablemente al poder político, afectando profundamente el principio de la independencia de poderes.

Desde el poder Legislativo y el poder Ejecutivo siempre se acechó al Órgano Judicial pues, para las elites de turno, cooptarlo es de fundamental importancia.

Con la nueva Constitución —para muchos ya vieja— se pretendió democratizar el proceso, transfiriendo mayor protagonismo a la ciudadanía con la elección de esas autoridades. Mediante este mecanismo, los nuevos magistrados serían “representantes” de la sociedad ejerciendo sus cargos con mayor legitimidad. Así se intentaba despojar a los poderes Ejecutivo y Legislativo del protagonismo central que tenían en la designación de las máximas autoridades del poder Judicial. Sin embargo, el remedio fue peor que la enfermedad.

Esta forma de selección de altas autoridades judiciales es única en América Latina. México también pretende adoptar este procedimiento. A la luz, de las intenciones versus los resultados se ha generado, en el presente, un gran debate

El diseño constitucional boliviano, de esta forma de selección está establecido en los artículos 158, 178, 180 y 182 de la Constitución, que determina la elección de magistrados mediante el voto directo y secreto. Estos artículos se complementan con la Ley 025 del Órgano Judicial y las respectivas leyes de convocatoria a elecciones judiciales que se promulgan para cada elección. A estas disposiciones se integra el Reglamento de Preselección de Candidatos y Candidatas para la Conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Estas leyes y el Reglamento, establecen los procedimientos y las fases de selección y elección. Todos estos cruciales asuntos discurren en dos Comisiones: de Constitución y Justicia Plural.

Estas Comisiones, tienen bajo su control todo el proceso y las fases de selección. Vean el poder que se les asigna. En sus manos está la evaluación, la entrevista y la selección. El pleno de la Asamblea Legislativa, luego, juega un papel de primer orden. Todos los candidatos seleccionados deben contar con la aprobación de al menos dos tercios de la Asamblea.

Si se observa bien, con este procedimiento la selección de candidatos propende, inevitablemente, a un manejo político contaminado en extremo. Precisamente, esto sucedió en las dos elecciones anteriores, de diciembre de 2011 y octubre de 2017.

En ambas ocasiones la selección de candidatos en la Asamblea, fue toda una farsa, un teatro. Como tenían, como nunca ningún partido tuvo, más de dos tercios de los legisladores, Evo Morales, su incondicional bancada y sus aliados corporativos, decidieron absolutamente todo. Con el poder altamente concentrado y libretos de por medio, simularon evaluaciones y calificación de méritos. Hubo también cuoteo corporativo, los “movimientos sociales” aliados impusieron sus candidatos.

Todo este manejo abominable generó gran desconfianza y desprecio en la ciudadanía. Ambos procesos de selección en la Asamblea fueron detestables. Y los candidatos, carentes de méritos académicos y profesionales y experiencia en tribunales.

Y sucedió lo insólito: en ambas elecciones, los votos inválidos fueron abrumadoramente superiores a los válidos. Los nulos y blancos superaron el 60% de todos los votos emitidos. Algunos magistrados fueron elegidos con porcentajes sumamente bajos, con votaciones que apenas alcanzaban el 5%. Otros candidatos suplentes apenas alcanzaron el 2%.

En términos de resultados, estas dos experiencias, han configurado un Órgano Judicial disfuncional, corrupto e incapaz de asegurar el cumplimiento de la ley y de proveer justicia a los bolivianos. Tenemos, como consecuencia de ese manejo y sin exagerar, un sistema judicial abyecto. Hay una brutal desconfianza en la justicia. Pocos bolivianos creen en ella. En los dos gobiernos del régimen masista, la justicia ha estado absolutamente sometida.

Ahora, claro, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fue la instancia más sometida a los designios y discrecionalidades del régimen masista. Su accionar fue y es deplorable.

Quien inicio la perversión del TCP, guardián de la Constitución, fue Evo Morales. Él tiene una enorme responsabilidad.

Después del fallo inconstitucional que lo habilitó para que sea candidato presidencial en 2019 a pesar de los resultados del referendo del 21F, el TCP nunca más fue el guardián de la Constitución. Es, más bien, la mano derecha del régimen. Es despreciable la actitud de Morales cuando cuestiona el accionar de esta instancia, cuando fue el, él quien la “prostituyo”.

Esta tercera experiencia de elegir a las máximas autoridades en las urnas, no cambiará absolutamente en nada el espantoso estado de la administración de justicia. Aunque con algunas diferencias de forma respecto de las anteriores, pues estas elecciones serán parciales, todo el proceso de selección y evaluación de candidatos estuvo igualmente contaminado.

Sólo que ahora, en complicidad con los parlamentarios de la oposición, que complementaron los dos tercios, elegiremos a magistrados “arcistas” y “evistas”. Por tercera vez, se repetirá el desastre. Otra vez, los votos nulos y blancos serán abrumadores.