Recientemente, los medios de comunicación informaron sobre la muerte de una adolescente de 16 años debido a un aborto mal practicado en un consultorio privado en la ciudad de Oruro. Lamentablemente no es la primera ni la última vez que ocurre algo así, ya que nuestra legislación penaliza el aborto. Al margen de las causales que permiten su realizan en centros de salud pública, vale la pena reflexionar sobre las circunstancias en las que sucede clandestinamente.

Según datos de IPAS Bolivia, los abortos representan la tercera causa de muerte materna en Bolivia. Asimismo, de acuerdo a un informe publicado en la Gaceta Médica de Bolivia para el año 2022, la mayoría de las solicitantes de aborto (63%) tienen entre 21 y 30 años de edad, casi un tercio (32,2%) tiene menos de 20 años y casi 1 por ciento (0,7%) es más joven.

IPAS Bolivia estima que en nuestro país se realizan aproximadamente 160 abortos clandestinos al día. Po otra parte, productos farmacéuticos comúnmente utilizados para interrumpir el embarazo, como Misopostrol y Cytotec que se consiguen con facilidad en el mercado negro y tienen un bajo costo. Sin embargo, su uso sin la debida orientación médica representa un grave riesgo para la salud.

En países en los que el aborto es legal, como México (en la mayoría de sus estados), se han implementado hace tiempo políticas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos. Además, las autoridades de salud pública han propiciado la difusión de cartillas instructivas sobre cómo realizar un aborto en casa, utilizando Misopostrol y Cytotec, siempre y cuando el embarazo no supere las 12 semanas, ya que pasado ese tiempo representa un riesgo para la salud. Estas medidas han demostrado buenos resultados en la disminución de la mortalidad materna.

Para comprender por qué otros países han decidido despenalizar el aborto y por qué Bolivia sigue criminalizando a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, debemos tener en cuenta que la historia ha cambiado en cuanto a valores y cultura.

Por lo mismo, es importante evaluar las condiciones socio culturales, por ejemplo, la preminencia del machismo en todos los ámbitos (desde el gobierno hasta los hogares del área rural especialmente), que resultan contrarias a la visión despatriarcalizadora que dice tener el Estado Boliviano, necesitamos reflexionar más allá de la moralidad condicionada a la religión.

Es fundamental aclarar que la despenalización por sí sola no será la solución a los abortos clandestinos. Si hombres y mujeres no cuentan con conocimiento, información, educación y acceso a la salud sexual y reproductiva, no servirá de nada.

Como ya se citó anteriormente, muchos de los casos de abortos mal practicados han sido resultado de la ingesta de las pastillas en etapas avanzadas del embarazo, y pensar en una intervención quirúrgica (legrado) no sólo representa un mayor riesgo para la salud, sino también un costo mayor.

Vivimos en un mundo en el que se ha luchado arduamente por erradicar la esclavitud, la discriminación racial y la opresión a las mujeres, relegadas a la reproducción de la vida, no todas desean la maternidad. Aquellas que lo desean prefieren hacerlo en pareja, porque en el contexto sociocultural de nuestro país madres como padres deben trabajar para sustentar el hogar. Aquí radica la importancia de la unidad familiar y la corresponsabilidad.

En un Estado que se proclama descolonizador y despatriarcalizador, y progresista en temas de derechos humanos, aún se practica la doble moral: los providas y la Iglesia continúan estigmatizando a las mujeres que deciden no ser madres. Al Estado no debería importarle las razones detrás de la decisión de abortar, ya que estas son personales y responden al ejercicio simple y llano de la libertad de conciencia, pero sí debería importarle proporcionar las condiciones adecuadas de salud a las mujeres.

Las demandas de despenalización del aborto no buscan promover la promiscuidad de las mujeres, sino que no se debe olvidar que las relaciones sexuales son de dos, pero hasta ahora la responsabilidad de anticoncepción se ha delegado sólo a las mujeres. Lo más conveniente a estas alturas es dar avance hacia el reconocimiento de los derechos de salud sexual y reproductiva, promoviendo el respeto de la dignidad de las mujeres.

Es necesario implementar políticas públicas preventivas en lugar de punitivas, ya que estas últimas no han resultado en nada positivo. Por ello se debe pensar de manera especial en las mujeres que viven en zonas periféricas de las ciudades y el área rural, donde no llega la educación sexual, ni métodos anticonceptivos ni información suficiente sobre planificación familiar, y donde hablar de sexualidad sigue siendo un tabú.