Actualidad País
En la cuarta jornada de verificación de requisitos de los postulantes para los altos cargos de justicia, las comisiones de Justicia Plural y Constitución concluyeron con la revisión para el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ambas instituciones inhabilitaron a 70 y 60 por ciento, respectivamente, de los aspirantes que se
Una justicia de la que los bolivianos desconfían profundamente por servir a los intereses políticos del Gobierno de turno, falta de garantías para procurar a las mujeres una sociedad libre de violencia y ausencia de medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como los derechos del pueblo afroboliviano, son algunas de las
Los legisladores de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) afirmaron ayer que la reactivación del caso Lava Jato es utilizada por el Gobierno para que desistan de la lucha contra los magistrados auto prorrogados. Agregaron que también buscan amedrentar y perseguir judicialmente al expresidente y líder de ese partido político, Carlos Mesa.
El Senado sancionó dos proyectos de ley y viabilizó el acceso a los créditos de 57.246.082,37 dólares para el mejoramiento y ampliación a 8 carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz-Oruro, y de 56.050.000 dólares destinados a la construcción de la carretera Faja Norte del municipio de Yapacaní, Santa Cruz.
La Comisión Mixta de Constitución examinó 175 sobres para el TCP, mientras que la Comisión Mixta de Justicia Plural evaluó 184 postulaciones para el CM. El 68% de los aspirantes al TCP y el 69% al CM fueron descalificados principalmente debido a la falta de acreditación en las especialidades requeridas.
Durante una inspección en El Gramadal, zona al sur de La Paz, el presidente Luis Arce anunció este jueves que el Gobierno está en búsqueda de financiamiento internacional para la reconstrucción de viviendas afectadas por riadas, mazamorras e inundaciones.
Opinión

Después de 20 meses de iniciado, el proceso para la realización de las elecciones judiciales parece encaminarse a su fin en una modalidad ajena a lo prescrito en la Constitución Política del Estado (CPE).

Esa distorsión, la larga lista de peripecias que ha vencido este trámite y, sobre todo, la deteriorada confianza que inspira en los bolivianos la administración de justicia nacional, plantean la necesidad de un serio cuestionamiento al sistema judicial vigente en el país.