Además de constituir una grave confesión de parte, las declaraciones del exministro de la presidencia de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, definiendo a los bloqueos que impulsa su sector político como “rituales que exigen sangre”, parecen confirmar lo comentado en una nota de marzo de este año, donde citábamos la “teología del crimen organizado” de la que habla el antropólogo mexicano Claudio Lomnitz.
El pasado 16 de octubre, las salas Constitucionales de Beni y Pando, compuestas cada una por dos individuos desconocidos y designados discrecionalmente, emitieron resoluciones que ordenaban paralizar el proceso de elecciones judiciales previsto en la Constitución, sustentado por una ley, validado por el Órgano Electoral y antecedido por una preselección realizada en la Asamblea Legislativa.
La economía boliviana atraviesa una crisis que refleja las consecuencias de decisiones gubernamentales mal planteadas. El déficit fiscal, la inflación en la canasta básica, la escasez de combustibles y de dólares son síntomas de un modelo económico que prioriza el control estatal y el gasto público desmedido, sin preocuparse por la sostenibilidad a largo plazo. Pero, como bien se dice: lo que inicia mal, termina mal. Y este final está impactando directamente en los bolsillos de los bolivianos.
A propósito del pasado 11 de octubre, Día Nacional de la Mujer Boliviana, cada año diversas instituciones, tanto estatales como no estatales, reflexionan sobre las cifras de violencia y las persistentes brechas de género. Sin embargo, en el contexto social y político actual, es imprescindible enfocarnos en el papel que juegan las mujeres en la administración pública y la política partidaria.
El pliego reivindicativo de los bloqueos de ruta iniciado la segunda semana de octubre puede resumirse en tres demandas: subordinación general al jefe del MAS, fuego forestal ilimitado y garantías plenas de impunidad.
CARLOS HUGO MOLINA
Se trata de una convicción que nace de la evidencia. Recorriendo el territorio, conversando con su gente, admirando las potencialidades de nuestra cultura, historia y geografía, la suma de todo ello tiene un valor sencillamente explosivo. Al mismo tiempo, los titulares de los medios pareciera que quieren hacernos renunciar por la indolencia que se revuelca en la bazofia del bloqueo.
¿Cómo podemos hacer que gane la racionalidad?
No es fácil pronosticar cuáles pueden ser los desenlaces posibles de la crisis social que tiene paralizados a los departamentos más poblados del país. La pulseta entre un líder que quiere evadir la justicia y un presidente hasta ahora incapaz de disponer su detención amenaza con convertirse en un conflicto determinante para el futuro –si lo tiene– del gobierno.
El contrabando de oro hacia Perú y Brasil se ha convertido en un problema estructural en Bolivia. Se estima que entre 20 y 30 toneladas de oro boliviano salen del país ilegalmente cada año, lo que afecta gravemente a la economía nacional. El valor de este contrabando podría superar los $us 1.500 millones con 20 toneladas, y llegar hasta los $us 2.500 millones anuales si alcanza las 30 toneladas, como ocurre en 2024.
En el artículo anterior de 14/10/2024 nos referimos al Derecho Libre como guía para enfocar dos de las ideas contrapuestas respecto a la problemática de quién debería ser legitimado para ejercer el control de constitucionalidad.
¿Cuán vinculado estuvo Víctor Paz con el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch en noviembre de 1979? Gracias a los cables norteamericanos de ese tiempo, podemos descubrir un ángulo de la verdad: Paz estaba a favor del golpe hasta que sondeó a los americanos en Washington DC y luego concurrió a un almuerzo para el secretario de Estado Cyrus Vance, el 23 de octubre. La falta de sustento para una asonada militar le quedó clara a Paz, y reculó.
