La Alcaldía de Cochabamba busca regularizar 5 mil casetas de dos pisos construidas ilegalmente en 2019 en el mercado La Pampa de con la Ley Municipal Nº 1505.
La norma se aplicará a estructuras que sufrieron modificaciones en la altura y superficie sin autorización previo pago de una multa, según varias autoridades municipales.
Aunque a la fecha aún no se define el monto de la multa, el tema ya provocó disputas entre los comerciantes del centro de abasto.
La construcción ilegal de casetas de dos pisos se concretó en 2019, en la gestión del exalcalde Iván Tellería y del exintendente Antonio Ferrufino, según los antecedentes.
El director de Recaudaciones de la Alcaldía, Andrés Cuevas, explicó ayer que la ley trata de regularizar de “forma excepcional” no sólo las construcciones, sino “todo lo que se hizo” a través de una adecuación de las casetas para reducir los riesgos.
Señaló que los detalles técnicos para que las casetas cumplan las normas de seguridad básicas y el monto que se requerirá para la adecuación se trabajan en mesas técnicas.
Cuestionó la postura de un grupo de comerciantes que observa la elaboración del reglamento de la ley para resolver el problema.
“No hay ninguna decisión de cuál sería la sanción, pero lo que sí está claro es que se han cometido una serie de actos irregulares”, afirmó.
Por su parte, el intendente Enrique Navia informó que la “adecuación” no excluye de procesos penales a exautoridades vinculadas con las irregularidades.
“Nosotros estamos tratando de adecuar por seguridad, las casetas tienen que tener un sólo tamaño, contar con herramientas necesarias, no se puede hacer modificaciones al techo ni instalar sistemas eléctricos, todo este proceso tiene un costo”, puntualizó.
Navia remarcó que la regularización fue una decisión que se tomó siguiendo las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y para evitar un conflicto con los adjudicatarios.
Marcha
Sin embargo, un grupo de comerciante del mercado La Pampa convocó a una marcha para este jueves por el presunto cobro excesivo que se pretende imponer como sanción.
Un dirigente, Ronald Durán, comentó que se apoya la regularización, pero se rechaza las propuestas de cobrar de 3 mil a 7 mil bolivianos como multa.
