La controvertida Ley de Comunicación Social de Cuba, que desconoce a la prensa no oficial y permite la publicidad comercial por primera vez desde el triunfo de la revolución (1959), fue publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, más de un año después de su aprobación parlamentaria.
La legislación, acompañada de dos decretos regulatorios, es la primera de su tipo en la isla en 70 años y combina el alineamiento político de los medios autorizados, la regulación de los fenómenos digitales (incluidos 'influencers') y una cierta apertura para permitir la publicidad y los patrocinios comerciales.
La ley, que entrará en vigor en 120 días, fue aprobada por unanimidad en mayo de 2023 en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento unicameral) tras una treintena de borradores y el retraso de medio año de su trámite parlamentario por falta de consenso interno.
El vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), Onelio Castillo, aseguró en una conferencia de prensa al anunciar la publicación de la ley que se trataba de una "jornada trascendental" tras un largo proceso guiado por la "decisión política" del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).
"Cuba no solamente tiene una Ley de Comunicación Social y dos reglamentos que van a implementar jurídicamente una voluntad política, sino que también cierra un ciclo muy importante de 40 años de debate", afirmó Castillo, quien se refirió a la ley como un "instrumento extremadamente complejo".
Cuestionado al respecto, el vicepresidente del IICS empresarial que la ley había tenido modificaciones sustanciales en el último año. Él mismo sostuvo en octubre pasado que la normativa estaba siendo "sometida a un proceso de revisión y corrección de estilo", según publicó entonces el diario oficial Granma.
"La ley no tiene ningún cambio sustantivo que cambie su esencia" ni "ninguna transformación que signifique quebrar la voluntad" de los diputados, afirmó Castillo, quien aclaró que las modificaciones menores que se han introducido están asociadas al debate que se dio en la ANPP en torno a la ley.
El texto ha sido duramente criticado por diversas ONG y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censuran los contenidos contrarios a la narrativa oficial y deja a la deriva a los diarios digitales independientes.
La normativa prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de informaciones que puedan "desestabilizar el Estado socialista" tanto en los medios como en "el ciberespacio". De igual forma subraya que solo se permite la legalidad de los medios vinculados al Estado, el PCC y las organizaciones de masas, en la órbita del partido.
La Constitución cubana de 2019 señala que los medios nacionales "son de propiedad socialista" y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".
Los industriales calculan que el país pierde más de 50 millones de dólares diarios con los bloqueos que constantemente se instalan en las carreteras del territorio nacional, y que ellos, como sector empresarial, participan de la afectación con 10 millones de dólares.
Santa Cruz es la ciudad madre de la autonomía, y el instrumento normativo que gerencia esa autonomía es el Estatuto Autonómico Departamental. Desconocer este principio, es desconocer una lucha de más de una década por consolidar la vocación autonómica de Santa Cruz, a través de la definición que establece el primer artículo de la Constitución Política del Estado del 2009, reconociendo “Una Bolivia con autonomías”.
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La sentencia constitucional 1010/2023 de 28 de diciembre no solo elimina la reelección presidencial y vicepresidencial indefinida (que ha prevalecido con cierta intermitencia en Bolivia y Latinoamérica), sino también busca erradicar el caudillismo político e imponer la renovación y oxigenación oportuna de los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas.
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La dictadura cubana cumplió 65 años el 01/01. Día antes lanzó un plan de ajuste que, según dice Demo Amlat el 03/01, “pone fin a subsidios en servicios esenciales y en alimentos, en un intento por detener el deterioro económico y social de la isla, (…) a través del aumento de precios de los combustibles, ajustes en las tarifas de luz y transporte y modificaciones en la tradicional libreta de abastecimiento con la que los cubanos compran productos de la canasta básica a precios subsidiados”.
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Bolivia es por excelencia un país minero. En sus entrañas, guarda una infinidad de riquezas naturales. No se sabe si es una maldición o una bendición. Maldición, porque la riqueza y el excedente económico que generaron nunca tuvieron buen destino, más bien estancaron la economía en el modelo primario exportador. Es decir, una economía basada en materias primas y recursos naturales, sin transformación ni valor agregado.
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