Este jueves, la segunda vicepresidenta de Diputados, Luisa Nayar (CC), impugnó a los vocales Claudia Castro e Israel Campero, y a los magistrados auto prorrogados Marvin Molina y José Antonio Revilla, por actuar en favor del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). En tanto, el líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que las judiciales no deben paralizarse por ninguna situación.
“Hemos presentado impugnaciones contra cuatro candidatos, por fuertes vínculos con el MAS, por ser militantes del partido de gobierno y lógicamente se han visto envueltos en distintos hechos de corrupción”, mencionó.
Según la legisladora, los observados incumplen con la restricción de no tener militancia política, pues estos operadores del sistema judicial no requieren estar inscritos como miembro del MAS, porque mostraron su dedicación activa con la sigla azul.
“Estos señores tienen hechos flagrantes, favoreciendo al MAS. La militancia política puede llevarse adelante día a día, y es lo que estos señores hacen dentro del Órgano Judicial”, complementó.
La vocal Castro, postulante al Concejo de la magistratura, en diciembre de 2020, luego de que el MAS ganara las elecciones, dictó resoluciones en favor de Evo Morales, Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y dirigentes del masismo. Además, negó en varias oportunidades acciones interpuestas por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez.
Campero, aspirante al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en agosto de 2023 emitió medidas cautelares para que ocho ministros del Gobierno no sean interpelados.
Molina postula al Tribunal Supremo de Justicia. En octubre de 2022, se filtraron audios en que se escucha al magistrado negociar cargos en el Órgano Judicial con dirigentes MAS.
Revilla está en carrera para ser preseleccionado como candidato a magistrado del TCP. En enero de 2019, manifestó que quería ser parte del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”. Además, según se registra en medios, dirigentes del MAS hacían campaña por él para las elecciones judiciales de 2017.
Sin embargo, surgen dudas por el proceso por el anuncio de un posible error en la publicación de habilitados e inhabilitados.
