La invasión y toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) por un grupo de personas afines al oficialismo, la mañana del viernes último, en La Paz, evidencia la pretensión gubernamental de anular por completo a una institución crítica y emblemática en la defensa de la democracia, y es una señal alarmante para los bolivianos.
Ese atropello —perpetrado bajo la condescendiente mirada de las instancias estatales responsables de la seguridad ciudadana— no sólo tendría que inquietarnos a quienes estamos convencidos de que la vigencia de los valores democráticos de verdadera justicia, paz y derecho al disenso son el mejor marco para la vida en sociedad.
Quienes simpatizan con el Movimiento Al Socialismo (MAS), su ideología de pretensión totalitaria y su vocación antidemocrática, tendrían también que preocuparse con ese asalto, que es sólo otro episodio de un proceso cuyo fin es desbaratar todas las instancias de la sociedad civil que resisten el embate, engañoso o violento, del partido azul.
Desde 2011, el MAS parasitó o intentó controlar, en muchos casos con éxito, por lo menos una veintena de organizaciones de la sociedad civil, en varios de sus ámbitos, desde el indígena hasta el cívico, pasando por los sindicatos de diversos sectores.
La toma de la Apdhb, ahora física, se concretó con la imposición de una directiva paralela y ajena al espíritu de esta organización nacida en la clandestinidad en tiempos de dictadura militar.
Desde su creación, en 1976, esta institución ejerce y ejerció un activismo permanente en defensa de los derechos y libertades ciudadanas frente al abuso del poder estatal. Ese afán benefició también a los cocaleros que hoy componen la base principal del oficialismo.
“Los enfrentamientos entre la Fuerza de Tarea Conjunta y cocaleros en el Chapare es consecuencia de incumplimientos a convenios, no se está respetando la tregua que se acordó con el movimiento cocalero y esto está provocando otra espiral de violencia”, alertaba en septiembre de 2004 el secretario general de la Apdhb, en ese entonces.
Ese colectivo, vulnerable aquel tiempo, es ahora el sustento de un régimen que ha copado todas las instancias de un aparato Estatal que neutraliza a los insumisos con la persecución judicial —a menudo fatal para ellos—.
Nada garantiza que los afines de hoy sean los descontentos de mañana, y entonces no existan las organizaciones democráticas, independientes y apolíticas que aseguren su defensa ante los abusos del poder.
