La rara convergencia de los líderes políticos tanto de izquierda como de derecha en su condena unánime al asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, el miércoles en Quito, tendría que extenderse a una reflexión y debate amplios sobre el poder del crimen organizado —especialmente vinculado al tráfico de drogas— y la corrupción en los países de Latinoamérica.
La ejecución de ese candidato centrista “al estilo sicario y con tres tiros en la cabeza”, como lo describió el diario quiteño El Universo, eleva a siete la cifra de figuras políticas asesinadas este año en Ecuador.
Todos esos asesinatos, perpetrados de manera similar, están relacionados con bandas de narcotraficantes cuya actividad tuvo un crecimiento exponencial en los últimos cinco años —lo mismo que la violencia criminal—.
El origen de esa situación de inseguridad —uno de los ejes principales de las propuestas electorales de todos los candidatos para las elecciones del 20 de agosto— es el tráfico de cocaína.
Ecuador no la fábrica, pero es vecino de los dos mayores productores: Colombia y Perú, y sus puertos son importantes en las rutas del narcotráfico, especialmente el de Guayaquil que se ha vuelto uno de los grandes trampolines de la cocaína hacia Norteamérica y Europa” desde Suramérica, principales mercados de esa droga.
El político y experiodista ecuatoriano asesinado el miércoles, era una de las voces más enérgicas contra la corrupción y el narcotráfico en su país, convertido, según aseguraba, en un “narcoestado”.
“Hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y también la mafia albanesa. Es decir, queda claro para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta sin el contubernio y la connivencia del poder político”, decía Villavicencio hace tres meses en una entrevista con CNN en español.
En una declaración reproducida por la BBC, Luis Córdova, director del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, asegura que una de las principales causas de la situación actual en su país, es “la degradación del poder, la instrumentalización de las fuerzas de seguridad del Estado”.
Esos aspectos ligados al narcotráfico son un grave peligro para la democracia y la seguridad ciudadana.
Se trata de una amenaza real que crece al mismo ritmo que el consumo de cocaína. Esto exige un debate amplio y abierto que tendrían que emprender los líderes políticos de la región, sin excluir la discusión acerca de los efectos perniciosos de la penalización del tráfico de esa droga.
