Dentro de tres días y si el INE cumple con sus previsiones y compromisos, Bolivia conocerá los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, ejecutado el pasado 23 de marzo y cuyos datos marcarán el rumbo de (al menos) la próxima década en el país. Sí, estamos contando los días para conocer las cifras, unos más que otros.
Estos datos, que se esperan con gran expectativa (sobre todo en ciudades como El Alto y departamentos como Santa Cruz), ofrecerán una radiografía detallada del país, permitiendo conocer no sólo cuántos somos, sino también cómo vivimos, qué necesitamos, y hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad. Sin embargo, la pregunta más esperada parece ser cuántos habitantes tiene cada departamento, pues de ello depende la distribución de escaños parlamentarios y redistribución fiscal. El INE ha comprometido hasta este viernes una difusión de datos de población nacional, departamental y municipal. El resto será para más adelante.
Sin embargo, más allá de números y estadísticas, lo que realmente está en juego es la capacidad de Bolivia para anteponer el bien común sobre intereses políticos o regionalistas que tantas veces han entorpecido el desarrollo.
A partir de sus resultados, se establecerán políticas públicas, se distribuirán recursos, y se redefinirán representaciones políticas. Por ello, el verdadero desafío radica en asegurar que este proceso se guíe por criterios técnicos rigurosos y por negociaciones consensuadas, alejándose de cualquier manipulación política o regionalista que pueda distorsionar su verdadero propósito.
Una de las propuestas del presidente Arce en los últimos días fue incluir una pregunta en referéndum para posibilitar el incremento de escaños parlamentarios en regiones efectadas por el censo. La pregunta fue observada por el TSE y, por lo que se ve, ya no será considerada.
Sin embargo, es precisamente en este momento crítico donde se pone a prueba la madurez del país. Los resultados del censo no deben ser motivo de pelea entre regiones o partidos, sino una oportunidad para construir un país más justo y equitativo. Para lograrlo, es esencial que los aspectos técnicos del proceso prevalezcan y que cualquier negociación se realice en consenso y transparencia.
La ciudadanía también tiene un papel crucial en este proceso. La participación activa y la vigilancia de los ciudadanos serán fundamentales para asegurar que los resultados del censo reflejen fielmente la realidad del país.
Los resultados del censo del 30 de agosto no son sólo una operación estadística, sino un momento decisivo para Bolivia. Si logramos que prevalezcan los aspectos técnicos y las negociaciones consensuadas por encima de los intereses políticos o regionalistas, estaremos dando un gran paso hacia un futuro más inclusivo y equitativo.
