El sistema carcelario en Bolivia atraviesa una crisis alarmante de inseguridad y violencia. Las recientes muertes en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, ponen nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los reclusos, cuyas vidas parecen importar poco en un entorno donde el hacinamiento, la falta de atención médica y la violencia se han vuelto moneda corriente. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud y del Régimen Penitenciario por mejorar la situación, los hechos sangrientos en nuestras cárceles son prueba de que las medidas tomadas son insuficientes.
En los últimos cinco años, 317 reclusos han muerto en las 46 cárceles del país, un número que debería despertar todas las alarmas. De estos, 29 fueron asesinados y 16 murieron por causas violentas como el suicidio o el homicidio. En lo que va de 2024, ya se reportan 55 muertes, cinco de ellas por asesinato. Sólo en la última semana ocurrieron dos de estos crímenes en El Abra: una mujer que fue brutalmente atacada por su expareja dentro de las instalaciones de “máxima seguridad”, y el caso de Emerson da Silva Benjamín, miembro del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), asesinado a puñaladas por su compañero en El Abra.
¿Cómo es posible que ocurran estos casos en una cárcel que debería estar bajo estricta vigilancia? El panorama se agrava cuando se recuerda que este mismo penal ya fue escenario de múltiples asesinatos, como los cuatro ocurridos en septiembre de 2013.
Los números hablan por sí solos. Según datos oficiales, la mayoría de las muertes en los penales del país se deben a problemas de salud. De los 317 fallecidos, 270 murieron por enfermedad, una cifra que evidencia la precariedad en la atención médica dentro de las cárceles. Con apenas 42 médicos para atender a más de 30 mil reclusos, los sistemas de salud están colapsados. Esta carencia se ve exacerbada por el hacinamiento, que genera condiciones insalubres y facilita la propagación de enfermedades. Pero, más allá de las deficiencias sanitarias, la violencia es una realidad ineludible en los penales bolivianos.
La sobrepoblación carcelaria y el uso excesivo de la detención preventiva agravan aún más esta situación. El hacinamiento no solo impacta la salud, sino también la seguridad. Con poco más de 1.500 policías para custodiar 46 centros penitenciarios, el control interno es mínimo.
Las autoridades deben asumir su responsabilidad de garantizar la seguridad y la dignidad de los reclusos. No podemos seguir asistiendo pasivamente a la muerte de los internos con el argumento de que la violencia es inherente a estos espacios. Es imperativo que se implementen políticas serias y sostenibles que aborden las causas estructurales de la inseguridad y se fortalezca el sistema de salud.
