El 30 de enero pasado, la Central Obrera Bolivia (COB) envió al Gobierno Nacional su pliego petitorio anual en el que demandaba, entre muchos otros, la convocatoria al Congreso Educativo Plurinacional, señalando además que “la educación debe ser declarada política de Estado y estrategia del desarrollo nacional, incorporando conceptos dialécticos de clase y científicos para construir una educación de calidad hacia una Bolivia industrializada” (sic).
De manera diligente y sin más argumento que la presión de su aliada política, el presidente del Estado convocó a este evento para el 11 de noviembre de 2024, definiendo como temario: diagnóstico de la educación; currículo y logros del sistema educativo; formación de maestros; gestión educativa; financiamiento, y estableciendo que solamente participarán las organizaciones sociales, organizaciones indígena campesinas, instituciones del Estado Plurinacional e “invitados especiales”.
El último evento de esta naturaleza se realizó en 2006, y sus integrantes aprobaron el contenido de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, que entre otros aspectos, establece que “el Congreso Plurinacional de Educación es la instancia máxima de participación de todos los sectores de la sociedad, para la formulación y definición de lineamientos de la política plurinacional de educación”, es decir que sus definiciones son vinculantes para el Estado en la implementación de la política pública del área.
Lamentablemente la crisis económica y política, y el debilitamiento extremo de las instituciones de la sociedad, han desplazado del debate público esta iniciativa que, de aplicarse bajo los lineamientos actuales, va a continuar reproduciendo un modelo educativo fracasado e ineficiente que ha llevado a nuestro país a sostener un proceso de degradación de la calidad formativa, y que se basa en la división, la ideologización política, la inversión de valores, la mediocridad y el atraso.
Los resultados de la actual política educativa y de la Ley 070 son elocuentes. Un reciente estudio de Milenio que alude a una investigación de la Unesco de 2017, señala que en Bolivia, cerca al 85% de los estudiantes (de sexto grado) tiene serias deficiencias en su aprendizaje, de manera que la mayoría de ellos no entiende lo que lee y no tiene la capacidad adecuada de establecer relaciones, interpretar, reflexionar e inferir significados”. “En matemáticas, 8 de cada 10 estudiantes de tercer grado y 2 de cada 3 en sexto grado (…) no dominan las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos complejos” y el 81% de los estudiantes de tercer grado “no puede resolver problemas que involucran la comparación y conversión de medidas o la interpretación de figuras geométricas”. El estudio coincide con un informe de 2020, elaborado por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, del ministerio de Educación.
Estas graves falencias tienen un correlato directo con la educación superior que a su vez adolece de problemas como la masificación, currículos desfasados de la realidad social, deficiencias de infraestructura, escasa investigación y pobre formación científica. Milenio, en 2020, señalaba al respecto que “El 70% de la oferta universitaria carece de relación con el mercado profesional; el 45% de los alumnos tiene un tiempo promedio de estudios en pregrado, de entre 4 y 10 años, y el 55% de más de 10 años”. Muchos titulados terminan frustrados porque las habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación no son relevantes, y deben recurrir a empleos informales o trabajar en sectores para los cuales no se prepararon.
Debemos admitir que el sistema educativo boliviano, que ya tenía serias deficiencias, ha profundizado su crisis debido a que el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, ha impedido su adecuación a la modernidad, ha desviado sus principios y ha pretendido conducir la formación de los estudiantes hacia una ideología en decadencia, descuidando la formación académica, humanística y ética y, sobre todo desconectándola de la realidad y de las necesidades de la sociedad.
Los meritorios esfuerzos de los docentes que día a día intentan cumplir con la misión de educar con calidad y valores, se ven limitados por la mediocridad del sistema y de los dirigentes, recursos precarios, magro presupuesto y contenidos impuestos por burócratas que responden prioritariamente a los objetivos del partido.
La discriminación de los asistentes, el temario intrascendente y el objetivo de la convocatoria, muestran que el Congreso de noviembre, al estar politizado, busca solamente profundizar un modelo anacrónico y fracasado, que está comprometiendo seriamente la formación de quienes en un futuro cercano conducirán nuestra patria. Es irresponsable dejar en manos de aquellos que han propiciado el descalabro del sistema educativo, el manejo discrecional de un tema tan relevante para todos.
