El todopoderoso gremio de los transportistas está presionando al gobierno y a los municipios para incrementar los pasajes del transporte urbano. Los dirigentes de choferes han propuesto un “estudio matemático” para justificar su pretensión unilateral; y como siempre han ninguneado a la población más vulnerable. Una familia típica gasta a diario una buena parte de sus escasos ingresos en el simple acto de trasladarse al trabajo o a los centros de educación. Es que las matemáticas no entienden de la desesperación y tampoco comprenden los sentimientos sombríos que provocaría este incremento cruel.
Si de hacer estudios se trata, entonces la contraparte de los choferes, que es la ciudadanía también tiene la posibilidad de hacer su propio estudio sobre el impacto del aumento de los pasajes de transporte. El ampliado nacional de los choferes ha encendido todas las alarmas y ha abierto una herida más dentro de la economía inestable que ya vivimos. Es que resulta fácil darse cuenta de que “las ponderaciones o las nivelaciones” matemáticas que exigen los transportistas no solo afectan al bolsillo de los usuarios maltratados, sino que también amenazan con desestabilizar otros sectores, como el de panaderos que ha amenazado con incrementar el precio del pan de batalla. La preocupación crece día a día, mientras las calles se llenan de voces que reclaman al gobierno por soluciones racionales.
La cantaleta de siempre. “Millones de choferes bolivianos” están al borde de una crisis económica y social sin precedentes, dicen sus dirigentes. Las excusas no faltan. Que el aumento, implacable y desproporcionado de los repuestos y lubricantes para los vehículos; o que existen familias enteras de transportistas urbanos sin opciones para sobrevivir. Que cientos de miles de micreros y colectiveros tienen que cubrir sus préstamos bancarios. Todas son mentiras. Yo quisiera que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero certifique la cantidad de transportistas que tienen deudas pendientes de pago con los bancos. Estoy seguro de que nos reiríamos en coro de la cifra que no superaría el 3% del universo de choferes.
Es que el transporte urbano es un negocio redondo. Matemáticamente rinde utilidades por todos los lados, incluso usando una chatarra como medio de transporte. No es una sorpresa que todas las semanas se crean más y más líneas de micros y trufis, o por lo menos se adhieren diariamente más y más choferes a las líneas, no por necesidad de una fuente de trabajo, sino por la urgencia de lucrar de una manera grosera. Tampoco es novedad que familias enteras están incrustadas en el negocio. Hasta las madres de familia están al mando de autobuses y colectivos. Ni hablar de la ilegalidad que pesa sobre el sector del transporte urbano con el tráfico de placas falsas, robadas o clonadas, vehículos sin registro y lo peor, la participación de organizaciones criminales vinculadas con el contrabando de “autos chutos”.
Es que el aumento de los pasajes del transporte urbano no es viable, por la sencilla razón de que el Estado ha implementado un sistema de subsidios en el precio de combustibles, por ejemplo; y también con considerables rebajas en los tributos sobre la propiedad de los vehículos de transporte y exenciones ridículas en los impuestos sobre los ingresos personales, sin considerar siquiera el régimen tributarios especial que gozan los transportistas y que se refleja con recaudaciones tributarias insignificantes o casi nulas. Es hora de que las autoridades mantengan la accesibilidad de la ciudadanía al transporte público en las ciudades, y además los municipios deberían “ponderar” la comodidad de los asientos de los micros, colectivos y trufis para garantizar un buen servicio, o deberían “nivelar” la higiene y la educación de los choferes con las normas básicas de humanidad.
No me cabe duda de que la ciudadanía se unirá para decir no al incremento de tarifas propuesto por los sindicatos de choferes. Las autoridades del gobierno central y de los municipios saben que esta medida solo agravaría la carga económica sobre las personas que dependen a diario del transporte urbano. Las juntas de vecinos y el control social de los municipios ya deberían convocar a movilizaciones para expresar la firme oposición de la ciudadanía al irracional incremento de los pasajes. No solo hay que presionar para mantener los pasajes asequibles, sino también hay que exigir condiciones humanas de limpieza y comodidad que aseguren el derecho a un transporte económico y eficiente.
* El autor es abogado
