Este sábado pasado, cerca de la 1:00 de la madrugada en la carretera Cochabamba-Oruro, a la altura de la zona de Sayari, un bus interdepartamental, de los comúnmente llamados flotas, sufrió el ataque de un grupo de 20 personas encapuchadas, a quienes no sabemos si llamar comunarios, bloqueadores, manifestantes, “jovenzuelos” (como los denominó la Policía), atracadores (como los señalan quienes fueron víctimas de la agresión) o buscar otro adjetivo. Lo cierto es que, según la denuncia, exigían 50 bolivianos por vehículo para permitirles cruzar un punto de aparente bloqueo.
Sin embargo, la ferocidad y violencia de los agresores causó tal susto en el conductor, que éste, al verse acorralado, aplicó marcha veloz a su vehículo sin darse cuenta de que uno de sus pasajeros había bajado y fue atropellado, y aunque el infortunado fue trasladado de emergencia a un hospital de Quillacollo, al final perdió la vida.
La Policía anunció que está en campaña para buscar a todos los agresores encapuchados, pero, considerando que salieron de las sombras de la noche, en una zona casi desértica de la carretera y que además se hallaban encapuchados, los resultados de una promesa de búsqueda son poco alentadores, y lo más probable es, simplemente, que este crimen quede impune.
No es la primera vez que ocurren este tipo de abusos en los bloqueos, pues ya se han dado montón de denuncias en la que los manifestantes, sin importar lo justo o injusto de su demanda, prácticamente se sienten dueños de las calles y carreteras, obstruyen los caminos, pinchan llantas de motocicletas y bicicletas, chicotean a los conductores que trabajan o, como ha ocurrido en el último caso, extorsionan a los choferes pidiéndoles dinero para permitirles el paso.
Encima, agreden a quien se atreve a filmarlos.
Ya está de buen tamaño que se permita este tipo de agresiones a quienes nada tienen que ver con el conflicto y cuyo único delito es intentar hacer uso de su derecho a la locomoción para un viaje, trabajo o estudio.
Si la Policía logra identificar y detener a los autores de este atraco (¿de qué otra manera podemos llamarlo?) habrá cumplido mínimamente con la tarea que la sociedad le encomendó a esta institución (aunque tenemos serias dudas de que así sea).
Sin embargo, pensamos que el deber de las instituciones públicas parte desde mucho más atrás: de evitar la concreción de estos bloqueos, sea por vía del diálogo o de la fuerza pública, pero debe pensarse en la sociedad como fin último. Es hora de poner la mano justa en estos conflictos. De otro modo, seguiremos naturalizando estas situaciones de violencia, y dejaremos que proliferen los bloqueos y tengamos más noticias de muertes.
